Manuel Terán

Mayor rigidez

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Miércoles 25 de enero 2012
25 de January de 2012 00:02

Una crónica aparecida en este diario publicita que un grupo de abogados cercanos a las centrales sindicales han preparado, por encargo de esas organizaciones, un Proyecto de Nuevo Código Laboral. Dicho texto, copia del cual ha llegado a manos del autor de esta nota, contiene las aspiraciones que por décadas ha impulsado el sector laboral y que se podían entender en otras épocas, pero que de ninguna manera calzan en el mundo actual. Bastaría referirse a dos de ellas. La pretensión de otorgar estabilidad absoluta a los trabajadores en su puesto de trabajo lo que se traduciría en que, si no existiría causal de las que tipificaría la norma, el empleador no podría terminar la relación laboral aun cancelando la indemnización por despido y que el trabajador podría demandar el reintegro a su puesto de labor de por vida; y la intención de ir hacia la sindicalización en rama sin que como contraparte se plantee corregir una serie de normas inconexas, que en caso de producirse un conflicto colectivo una empresa indefectiblemente se vería avocada a la declaratoria de huelga, aun cuando no exista responsabilidad de su parte en las causales invocadas para el ejercicio de tal acción.

Valdría indicar como ejemplo que Colombia hace dos décadas eliminó de su legislación la figura de la estabilidad absoluta, simplemente porque en un mundo donde imperan los principios de productividad y eficiencia esa norma constituía un anacronismo. En el caso de países con mayor índice de sindicalización el ejercicio de derecho de huelga está normado, no se convierte en una amenaza a la superviviencia de la fuente de empleo, sino que otorga un mecanismo de presión debidamente regulado que finalmente busca el avenimiento de las partes. Eso en nuestro país no sucede ni se pretende corregir en el mencionado proyecto.

En el evento que normas así se convirtiesen en el derecho positivo, sus efectos nocivos hacia la inversión y la generación de empleo no se harían esperar. Nadie puede negar la necesidad de reformar la ley laboral pero en esta materia, quizás como en ninguna otra, se lo debe hacer de manera consensuada, con el acuerdo preliminar de las partes involucradas. Para ello, lo primero que debe existir es un ambiente de confianza entre los actores intervinientes, descartando que uno u otro pretenda sacar ventaja de una determinada situación.

Hasta ahora no se llega a comprender que lo que necesita el Ecuador es un pacto por el empleo. Eso no significa cercenar derechos. Para ello debe haber diálogo. Preocupa que algunos sectores sigan aferrados al pasado e indolentes ante la falta de empleo. Lo anterior no significa que habrá que desterrar el consenso. Lo saludable será que existan liderazgos que, sin ataduras, pongan al país en la senda de los estados que progresan y no en el grupo de los que hacen todo lo posible para sumirse en el atraso.