En el país se vive una paradoja. El movimiento político en el poder accedió a su control con proclamas contrarias a la iniciativa privada y al libre mercado. Desde sus inicios fue proclive al cambio normativo destinado a imponer mayor vigilancia y regulaciones a las actividades de los particulares. Todo esto se hacía bajo las premisas que se debía democratizar el capital, acabar con los monopolios y auspiciar más competencia. Pasados los años, si se revisan las cifras, parecería que los propósitos esgrimidos al comienzo aparentemente han tenido el efecto contrario. Los grupos económicos se han hecho más fuertes, sus ganancias han crecido significativamente y su papel en la economía es más preponderante. Cada vez para el pequeño y mediano emprendedores es más difícil y costoso iniciar una empresa. El tiempo que consumen los papeleos, permisos y los trámites burocráticos hace que se deba destinar un importante rubro para los gastos preoperacionales que, para quien carece de recursos pero tiene una idea innovadora, se le torna difícil llevarla a la práctica.
En cambio para aquel que ya se halla posicionado, goza de una buena infraestructura y sus ingresos le permiten atender sus necesidades de contar con mayor asesoría, cada vez más especializada, innovar en lo tecnológico, si bien en un primer momento se puede ver afectado, posteriormente se consolida de una manera más fuerte situándose en capacidad de hacer frente a la competencia. Con el tiempo sus ingresos se incrementan, sus ganancias mejoran y compite con mayor facilidad frente a aquellos que buscan restarle su posición en el mercado.
Que se entienda bien. No se trata de mencionar que es malo que las empresas mejoren sus ingresos, transformen sus procesos, reinviertan sus utilidades, todo ello es beneficioso. El punto está en que de todas maneras el que quiere arrancar un negocio debe enfrentar obstáculos adicionales derivados de una normativa engorrosa que no facilita el camino al emprendedor. Al final, con menos jugadores en la cancha, el beneficio es mayor para aquellos que ya estaban establecidos y esto es contrario a las intenciones que al inicio pregonaban las nuevas autoridades.
El mejor mecanismo para ampliar las oportunidades de todos es simplificar las normas y convertir en tarea sencilla fundar nuevas empresas y las posibilidades de empleo. No se aboga por canonjías ni ayudas de ninguna especie. Pero es importante que en vez de emitir normativas que desestimulan a quien intenta crear una nueva unidad empresarial se eliminen todas esas trabas burocráticas que terminan por abatir los esfuerzos de quien desea invertir o emprender. Solo atrayendo a los que quieren poner sus fondos y conocimiento para establecer empresas, o invertir en las existentes, se podrán generar plazas de trabajo tan necesarias con tanta mano de obra que demanda empleo.