Lolo Echeverría Echeverría

Mascarada política

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Sábado 21 de julio 2018


Los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Superintendente de Bancos han sido los últimos funcionarios enviados al Limbo, ese lugar a donde van los condenados por “inocentes”. Son condenados porque se les halló culpables de nombramiento irregular, incumplimiento de sus funciones o de provocar perjuicios a la institución en la que medraron. Hay que tener en cuenta que no hay culpas más graves que las señaladas aunque pudieran parecer nimiedades. Designación irregular o incumplimiento del deber equivale a pasar por la administración pública sin hacer nada o para “dejar hacer”, significa que no justificaron el sueldo, las bonificaciones, viáticos y cualquier gasto en que pudieran haber incurrido; medraron en las instituciones, lo que de manera más gráfica calificaban antes como “pipones”.

Se les halló culpables en una especie de juicio que prohijamos en la consulta popular como evaluación del cumplimiento de sus funciones y por tanto son condenados. Pero al mismo tiempo son inocentes porque no les pasa nada; se van como si hubieran pasado una temporada de vacaciones, una beca o un período de hibernación, sin consecuencias. Algunos se han ido casi voluntariamente porque han aceptado el dictamen con mansedumbre, otros se han ido rezongando alguna cosa y el más atrevido se ha permitido alguna velada amenaza.

Situaciones como las descritas son corrientes en períodos de transición o en etapas de abulia política. Nadie pierde el tiempo ensayando una justificación legal o jurídica, pero tampoco hay quien proteste o reclame con alguna consistencia. Se tolera porque es la mayoría la que tolera y sobre todo porque es peor no hacer nada. Una de las consecuencias de los desmanes políticos que tuercen la ley es que no se pueden remediar aplicando la ley. Es una suerte de trampa porque el cambio de la ley no puede remediar el pasado.

Lo triste, hay que decirlo, es que todavía seguimos en lo mismo, es decir, aplicando las leyes parcialmente o cubriendo con lindas palabras las acciones más indecentes. Seguimos inmersos en la ambigüedad o la mascarada política como la tentativa de juicio político al superintendente de bancos o al Consejo de la Judicatura. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no ha podido ocultar su afán de encubrir la corrupción.

Un Presidente del Consejo Directivo borró la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Superintendente encubrió al Presidente del Consejo y ahora la Asamblea encubre al Superintendente. ¡Y todos en la impunidad! No puede haber mascarada más despreciable.Es más deprimente si se considera que es una comisión multipartidista y que han tratado de ocultarse con ausencias o abstenciones; otro caso de incumplimiento de sus funciones. Tampoco se pueden esconder detrás de caracterizaciones vanas como correístas o morenistas, solo son encubridores de la corrupción.