El Presidente del Ecuador, actúa para callar a la prensa, en una furiosa embestida contra la libertad de expresión, que no deja dudas sobre las aspiraciones dictatoriales de su gobierno. El Ecuador lucha para crear instituciones democráticas, después de un pasado reciente de turbulencia política. Correa fue elegido el 2006, tras una estela de tres golpes civiles y militares. Pero, en vez de trabajar por la consolidación democrática, resolvió embarcarse en una demagogia al estilo chavecista y denominó a su gobierno como la “revolución ciudadana”. Cada vez más se parece a los golpistas que le precedieron. Su primer mandato debería haberse terminado en enero de 2011, pero una nueva Constitución -siguiendo las instrucciones del programa de los regímenes bolivarianos recién instalados- rigió durante la elección de abril del 2009. Correa ganó en la primera vuelta e inició un nuevo “primer” mandato, que va hasta agosto de 2013, con derecho a reelección. Si la consigue, quedará en la Presidencia hasta 2017.
Gobiernos como los de Ecuador, Venezuela y Bolivia (y hasta el de Argentina, kirchnerista) no consiguen convivir con la crítica, porque se creen dueños de la verdad. Una de sus características es el hiperpresidencialismo: sus líderes fortalecen al Ejecutivo, desinflan a la Legislatura y maniatan a la Judicatura, para hacer lo que les da la gana, aparentando ser salvadores de la patria. En el Ecuador, Correa entró en conflicto con la prensa y, como domina la Judicatura, adoptó una forma perversa de estrangular a los medios . Los jueces aplican multas astronómicas a los dueños de los medios y a los periodistas que osan criticarlo.
Fue así en el caso de tres directores y del editor de opinión del diario El Universo, condenados a 3 años de prisión y multa de USD 40 millones (superior al valor de la propia empresa), por supuestamente calumniar al Presidente. El periodista Emilio Palacio acusó a Correa de haber ordenado los disparos militares contra un hospital donde el Presidente se refugiara, durante la tentativa de golpe del 30 de septiembre de 2010. Situación semejante viven los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita Ron, autores del libro ‘El Gran Hermano’, que detalla cómo el hermano del Presidente se habría beneficiado de contratos con el Gobierno, lo cual es ilegal. Los periodistas afirman en el libro que Correa sabía de los contratos y, por eso, fueron condenados cada uno a pagar multas de USD 1 millón. Correa negó haberlo sabido y ordenó la cancelación de los contratos.
El lunes entró en vigencia el irónicamente denominado Código de la Democracia, ley que prohíbe a los medios divulgar entrevistas y reportajes con candidatos durante las campañas electorales. A la prensa ecuatoriana le está prohibido informar lo que dicen los candidatos.