Hay que advertir a la ciudadanía que estamos legalizando de nuevo, entre todos, una matanza. La ocurrida a fines de marzo de este año entre indígenas waorani y grupos ocultos. Una horrible eliminación donde murieron una mayoría de mujeres y niños. Se está dejando hacer a los que la niegan o la acallan; nadie dice nada. Apelo a la ética de los ecuatorianos con sensibilidad. Este no es un pueblo que ha dejado pasar matanzas de inocentes sin levantar su protesta. Recuperemos la capacidad de indignación por causas nobles.
El diccionario de la Academia dice que legalizar es: dar estado legal a algo. Pues bien, permítanme refrescarles la memoria: en el 2003 se dio una matanza semejante a ésta, con protagonistas de ataque y víctimas semejantes. ¿Qué hizo entonces el Estado, la organización waorani y la sociedad? El Estado, mirar a otro lado; iniciar una investigación que nunca se concluyó. La Nawe (entonces Onhae), perdonar a los ejecutores. Algunos indigenistas despistados, decir que el suceso era parte de eso que nadie acierta a objetivar: justicia indígena. La sociedad, olvidarse pronto del asunto.
En resumen: si no se le dio a la hecatombe legitimidad en sentido estricto, al menos se concedió el derecho, de facto, precisamente por no reaccionar ante ella, a hacer y repetir esas cosas. Con la impunidad, se toleran y legitiman de alguna manera actos semejantes. De aquellos polvos tenemos estos lodos. La carnicería se ha vuelto a repetir.
¿Y cómo se está reaccionando ahora? El Fiscal General, se comprometió públicamente a no dejar impune el exterminio y a investigar hasta las últimas consecuencias. Eso dijo, con gran energía, pero lleva casi cinco meses sin dar noticias, ni existe asomo de acciones públicas. Mucho tiempo, ¿no es cierto? Los casi infinitos funcionarios gubernamentales que actúan en este asunto tampoco lo topan de frente. Ni siquiera lo nombran. Acaban de hacer una nueva asamblea con dirigentes waorani y comuneros (Miwaguno, 4/7/2013). En ella hubo casi tantos discursos como asistentes. Pero no acudió ninguno de los implicados en la matanza, ni siquiera se conversó de la misma. Como si no hubiera existido.
Si seguimos así, daremos un nuevo paso, al menos en ese confuso derecho selvático, para seguir consintiendo el exterminio de esas últimas personas ocultas. Algunos poderosos, que viven estos episodios en la sombra, se relamen cuidadosamente ante la perspectiva. ¡Les están limpiando la selva de cualquier obstáculo para inmediatos negocios! Los funcionarios gubernamentales que, en su gran mayoría, no entienden la suerte de esas personas, ofrecen lo que ellos saben: servicios sociales. Todo con tal de pasar página. De no evaluar en qué hemos fallado. Ni de analizar cómo se produjeron esas muertes en Yarentaro y la represalia posterior. Qué pudimos hacer y no hicimos. O qué debemos cambiar para que no se repitan tragedias semejantes.
¡Vaya manera de cortar la impunidad e investigar hasta las últimas consecuencias!