Una vez más, el Gobierno usó todos los recursos propagandísticos y logísticos en sus manos para organizar una concentración a su favor. La diferencia es que la de ayer se centró en el discurso de una supuesta nueva forma de hacer política, en contraste con las formas del pasado. La fraseología escogida para la convocatoria incluía una seductora afirmación: ‘Porque los honestos somos más’.
Al margen de sus connotaciones, la frase nos pone frente a la necesidad de revisar si las actuales formas de hacer política son más honestas que las de antes. Veamos algunos hechos y confrontémoslos con las acepciones de honesto: honrado, recto, razonable, justo, decente, decoroso, recatado.
Un ejercicio razonable de gobierno significa, para empezar, equilibrio y reparto de poderes. Seguramente el Gobierno piensa que la concentración y el personalismo son parte del precio que debemos pagar por ser más honestos.
En la práctica, el ciudadano pone los votos para elegir a dos poderes, y el resto de la institucionalidad, incluido el llamado Poder Ciudadano, es controlado desde el poder central.
Un ejercicio honrado, sobre todo cuando están en juego tantos recursos públicos, se somete a la fiscalización, no solo permitiendo la acción política que ha sido nula en la Asamblea Nacional, sino permitiendo el acceso a la información. No puede proclamarse como muestra de honestidad un ejercicio apuntalado en la supuesta autofiscalización y que parte de la premisa de que mis amigos son honestos, y que mis críticos son corruptos.
Hay otro parámetro de honestidad política y tiene que ver con el modo en el cual el poder se relaciona con la administración de justicia. Hay muchas muestras de que la balanza de las autoridades constitucionales y electorales, y sobre todo la del sistema de justicia, está cargada.
Y no solo en los casos en los cuales hay que defender las tesis presidenciales, sino cuando el objetivo es minimizar la investigación del entorno.
Por ejemplo, una cosa es la acción de la justicia cuando se debe ‘salvaguardar’ la integridad de los hijos de dos políticos que hoy militan en la oposición, que cuando se trata de defender los derechos de una menor posiblemente afectados por el padre de un alto funcionario, al punto que fue necesario que el Presidente declarara que no hay relación entre padre e hijo para que la justicia se moviera.
Una cosa es la acción de la justicia cuando se trata de la lamentabilísima muerte del hermano de un Ministro, y otra cuando el resto de víctimas de la violencia y la inseguridad tienen que conformarse con rumiar su impotencia ante la impunidad.
Una cosa es cuando hay que procesar las denuncias contra los funcionarios y otra cuando estos funcionarios piden acciones contra los demandantes.