Oswaldo Jarrín R.

Marchas blancas

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Jueves 26 de julio 2012
26 de July de 2012 00:01

Con pasmosa habilidad política, las marchas blancas de rechazo por la inseguridad son capitalizadas por las entidades gubernamentales, para hacer un frente común y demostrar juntos su preocupación por el incremento del delito, desvaneciendo así su responsabilidad y rendición de cuentas.

Las machas blancas se iniciaron desde hace 10 años y no quedaron simplemente en protesta y concientización social, como el ‘Acuerdo de Tabacundo’ lo demostró, cuando se propuso una gestión democrática de la seguridad ciudadana plasmada en una política pública nacional.

El acuerdo decía “hemos asistido a este encuentro a título personal, aunque algunos ejercemos funciones de autoridad en el Gobierno Central, en la Legislatura, en los Gobiernos Seccionales, en Las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. Vinculados a diversas iglesias, actividades productivas privadas, a instituciones educativas y de investigación, a medios de comunicación y a organizaciones populares y de desrrollo de la comunidad, en un ambiente de respeto y búsqueda de una visión compartida.

Nuestra intención no es quedarnos en la crítica o en la constatación de lo negativo, sino construir sobre lo que se ha logrado hasta ahora, por lo que proponemos los siguientes lineamientos,

1 Recopilar y procesar adecuadamente la información acerca de los hechos. 2 Definir en forma precisa y articulada las competencias y responsabilidades institucionales. 3 Descentralización en el marco de una Política de Estado, la gestión y ejecución de los planes de seguridad. 4 Recuperar el respeto y la confianza en la Policía Nacional. 5 Combatir la impunidad y la inseguridad jurídica. 6 Reformar de forma integral el sistema penitenciario. 7 Preservar y fortalecer las relaciones con Colombia, ante el conflicto colombiano, 8 Establecer un compromiso con los medios de comunicación para una autorregulación. 9 Fomentar la conciencia de la ubicación del Ecuador ante los desastres naturales, 10 Formular un compromiso y convocatoria al Gobierno Nacional, al Congreso, a la Función Judicial, a las autoridades del régimen seccional y a la ciudadanía en general en los propósitos de lograr una sana y segura convivencia.

A estos lineamientos, visto el nexo que existe entre la seguridad individual, societal, nacional e internacional, se incorporaron otros, como la Política de Seguridad Externa Común Andina, la resolución 587 de la CAN en el 2004, un Plan Andino de Cooperación para la Lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos Conexos, Decisión 505 y un Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras , Decisión 552.

La institucionalidad tanto nacional e internacional facilita tomar decisiones efectivas que centralizadas, en solitario, o entendiendo a la soberanía como un obstáculo ante amenazas transnacionales, resulta inconcebible e imposible.