El Presidente envió a la Asamblea un proyecto urgente de Planificación y Finanzas Públicas atando al ejercicio fiscal al Plan del Buen Vivir, dentro de su lógica de centralmente planificar a la economía del sector público, hoy en día 40 por ciento de la economía nacional.
En el proyecto se clasifican los ingresos, no corrientes y de capital, sino en permanentes y no permanentes. No pueden aplicarse ingresos no permanentes, como créditos externos, para financiar gastos permanentes, como sueldos burocráticos; tienen que destinarse a gastos no permanentes, como obras públicas.
Tras esta disposición está el criterio que como hoy, a diferencia de antes, el Gobierno no requiere endeudarse para gastos corrientes, la deuda pública puede crecer hasta el 50 por ciento del PIB, ya que va a la inversión y creación de riqueza.
No conocemos de una auditoría sobre la calidad de la inversión. En todo caso, algunos logros están a la vista, en particular la espectacular mejoría del sistema vial. Desde Manabí hasta Loja, que he visitado recientemente, consideran que nunca antes han estado tan bien servidos en vialidad.
Pero no es cierto que carezca de consecuencias endeudarse hasta en un 50 por ciento del PIB, en tanto sea para inversión. Hay un problema de tiempos.
Entre la venta anticipada de crudo de agosto 2009, y el recientemente aprobado crédito chino por USD 1 mil millones, hemos comprometido la mitad del crudo de exportación. La venta anticipada se paga en 2 años, el nuevo crédito en 4.
Las obras que se hagan con esos fondos, no van a generar ingresos para pagar esos créditos. Deuda y beneficio fiscal marchan a velocidades distintas. Estamos creando un problema inmediato de flujo de caja. De ahí que el Gobierno se reserve la posibilidad de pagar con bonos las liquidaciones en el sector público, y propone que el encaje bancario pueda constituirse parcialmente con bonos del Estado.
La obra pública rara vez es rentable. No por eso hay que inhibirse de invertir. Una buena obra pública crea externalidades, condiciones para que florezcan actividades productivas, uno de cuyos efectos es generar más recursos tributarios que permiten pagar el préstamo.
Pero eso toma mucho tiempo. Por eso, los préstamos del Banco Mundial y del BID son a largo plazo. Pero el Gobierno no quiere ir al Banco Mundial, e indirectamente eso afecta también la disposición del BID para incrementar sustancialmente sus créditos al Ecuador.
Las externalidades que crea esa mejor infraestructura física pueden o no aprovecharse. Hoy, lo están en muy bajo grado. Quizá para 2011, luego de 4 años de fuerte inversión pública, el énfasis debería estar en crear las circunstancias y el clima regulatorio para que crezca la inversión privada, y más bien limitar la pública, por motivos de sostenibilidad fiscal.