El oficialismo sigue sin entender las graves responsabilidades políticas, morales y jurídicas que ha asumido por el magnicidio del fiscal Alberto Nisman.
La convocatoria a la Marcha del Silencio, inicialmente promovida por grupos ciudadanos a través de medios digitales y asumida como responsabilidad propia por quienes habían sido pares de Nisman, ha puesto al desnudo la insensibilidad gubernamental ante el caso que ha estremecido a la sociedad y provocado vasta repercusión internacional.
Los fiscales que se han hecho cargo de la invitación a la marcha entre el Congreso y la Plaza de Mayo, con escala ante las oficinas que ocupaba Nisman, han dicho con reiteración que los movilizan dos objetivos.
Uno: el homenaje al colega desaparecido, por quien, dicho sea de paso, la Presidenta no tuvo una sola palabra de consternación en medio de la catarata de manifestaciones autorreferenciales con las que se permitió divagar respecto de la extrema gravedad del hecho. Otro, elevar al silencio como símbolo de paz en una sociedad angustiada.
Los principales candidatos presidenciales de la oposición han anunciado la decisión de sumarse a la marcha. Harán bien, tal como algunos de ellos lo han anticipado, en hacerlo a título personal. Cabe esperar por igual que sus seguidores prescindan de banderas y consignas partidarias. Con ese mismo espíritu tendrán que alinearse en la concentración y recorrido las huestes sindicales que han comprometido su asistencia.
El gremio del personal judicial, asociado a la CGT, cuya secretaría general ejerce Hugo Moyano, ha estado al lado de los fiscales que se presentaron como la cara visible de la organización de ese acto callejero de tanta significación republicana.
Como una expresión más de la desorientación con la cual el Gobierno ha seguido el curso de los acontecimientos después de descubrirse la muerte de Nisman, primero sus voceros atacaron a los fiscales convocantes de la marcha; después, apuntaron contra los políticos que anunciaron su comparendo al acto.
Los fiscales adictos al oficialismo, nucleados en Justicia Legítima, han calificado la marcha como una divisoria de aguas sobre la reforma promovida por el Gobierno sobre el servicio de inteligencia del Estado y la reforma del Código Procesal Penal.
No habría mucho para discutir: solo los voceros del oficialismo están dispuestos a poner la cara por reformas verdaderamente discutibles y, en particular, en este momento, por la pretensión de que se faculte a la nada confiable Procuración General de la Nación, reducto del kirchnerismo más intolerante, para asumir las tareas de las escuchas ordenadas por la Justicia.
Tampoco queda mucho para decir después de la provocativa frase dicha por la Presidenta, en cadena nacional: “Nos quedamos con el canto, con la alegría. A ellos (quienes convocan a la marcha) les dejamos el silencio. Siempre les gustó elsilencio”.
El grupo de intelectuales que ha adherido a la Marcha del Silencio se ha hecho las preguntas que no quiere hacerse el Gobierno: ¿cómo y por qué murió Nisman?, ¿quién es el responsable?, ¿quiénes son los autores ideológicos y materiales del mayor atentado terrorista de la historia argentina?