Al conocer que el gobierno está gestionando el otorgamiento de marcas registradas para la expresión “prohibido olvidar” y las siglas que identifican al cuestionado 30.S, la ciudadanía ha reaccionado con preguntas, preocupaciones, sonrisas y críticas. No se trata, en efecto, de dilucidar si existe una base legal para tal iniciativa, sino de conocer sus motivaciones y finalidades. El ciudadano consciente especula, además, sobre las posibles consecuencias políticas, sea o no aceptado el pedido del gobierno.
La aplicación básica del derecho de patentar algo suele tener lugar en la órbita del comercio y la industria, razón por la que muchos se preguntan cuál es la importancia económica de las palabras cuyo registro se busca. ¿Es el Estado una empresa comercial? ¿Está anunciando su disposición de iniciar procedimientos legales, contra quienes usen las expresiones registradas? ¿Se desea poner en práctica la advertencia de que “nadie se meta con el 30 de septiembre”, emitida desde las alturas del poder? En cuanto al “prohibido olvidar”, ¿se piensa acaso reglamentar el uso de las palabras que nuestro rico idioma pone a disposición de todos cuantos lo hablan para expresar ideas y emociones? ¿Se trata de crear un lenguaje exclusivo para uso del poder, uno más entre tantos otros símbolos que pretenden dar visibilidad a la revolución ciudadana? ¿Si no son estas u otras parecidas las motivaciones y objetivos de tan insólita iniciativa, no se pensó que el ciudadano común y corriente, seguro de que cuanto se hace debe obedecer a un proceso de análisis y reflexión, no encontrando explicaciones claras para la gestión gubernamental, podría incurrir en especulaciones como las anotadas? El registro de marcas -dicen los expertos- busca limitar o restringir derechos. ¿No estará allí el leit motiv de tanta acción del gobierno?
Ya podrán mañana las trompetas del poder pronunciarse contra “tanta mala fe” y “tanta mediocridad”. Y los obedientes subordinados, evitando reconocer la existencia de la orden soberana, presurosos revisarán archivos y papeles para explicar lo inexplicable.
Mientras tanto, Rubén Blades meditará sobre el respeto a la propiedad intelectual de su hermoso poema-canción, y el emigrado ecuatoriano inventor de la sigla 30.S seguirá oponiéndose a que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual acepte el insólito pedido del gobierno.
Un ciudadano bien intencionado ha invitado a patentar todos los adjetivos insultantes que se usan los sábados. Muchos se unirían a esa iniciativa -y opino que la “prensa corrupta” debería hacerlo- si así se pudiera evitar el uso injusto de tanta descalificación.
Sería lamentable que el gobierno no hubiera pensado en todas las posibles consecuencias de su iniciativa…pero peor sería si lo hubiera hecho…