Manuel Terán

Escalofríos

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Miércoles 15 de mayo 2019

Cuando en tierras patagónicas se descubrieron unos bolsos con dinero, que revoloteaban en la noche por las puertas de un convento, pocos habrá imaginado que más adelante se revelaría que esos recursos eran una mínima porción de una trama criminal que se encargaba de recolectar las coimas de algunos beneficiarios de contratos de obra pública, conocidos como el “club de la construcción”, que según declaraciones del contador de la familia presidencial de ese entonces, muchas veces terminaron en la misma casa de la madre del jefe de gobierno de turno. En Perú, tres ex presidentes enfrentan cargos de la justicia por presunta financiación ilegal de sus campañas políticas, otro prefirió dispararse en las propias narices de las fuerzas de seguridad que iba a apresarlo con orden judicial; y, la candidata a la presidencia, perdedora de los últimos comicios, también enfrenta una orden de prisión preventiva por las mismas sospechas que se ciernen sobre quienes se sentaron en el sillón presidencial.

En Brasil, el líder sindical y ex Presidente guarda prisión precisamente por acusaciones que le señalan como beneficiario de un bien inmueble que le habría entregado, durante su gestión presidencial, una empresa favorecida con millonarios contratos con el Estado. En Colombia y Panamá también existen sonados casos en los que se investiga la financiación ilegal de las campañas políticas, por parte de una empresa de origen brasileño que le ha puesto nombre propio a la corrupción.

En nuestro país los escándalos no han estado ausentes y la ciudadanía observó con indignación cómo un representante de la empresa corruptora hablaba sin tapujos con el mismísimo Contralor del Estado, aquel que había sido reelegido para el cargo con la calificación máxima otorgada en un proceso viciado, llevado a cabo por los confabulados en el saqueo a la nación, en donde se hacían alusiones a pedidos y entregas de dinero a funcionarios públicos, actos que la autoridad protagonista de las infames grabaciones estaba obligado a vigilar que no se cometan y denunciarlos a la justicia cuando llegasen a su conocimiento.

Con cinismo sin precedentes los actores de estos actos corruptos, relacionados a la izquierda jurásica, hablan de una persecución de las fuerzas conservadoras en la que afirman que la prensa jugaría un papel fundamental, tildando como “guerra jurídica” al inicio de las acciones legales encaminadas a buscar sanción a los ilícitos. Esa ha sido la estrategia para desvirtuar tantas evidencias acumuladas, utilizando la antigua falacia de descalificar los actos y a quienes los llevan a la práctica, antes que brindar las explicaciones por los desafueros cometidos.

Y ante todo aspiran retornar al poder. Como ellos lo mencionan, una vez que controlen el aparato estatal las causas desaparecerán, porque todo supuestamente es una tramoya política. Esta afirmación los delata como los totalitarios que son, que no les interesa la independencia de poderes sino utilizarlos a su antojo y manipularlos según sus conveniencias. Otro escenario les produce escalofríos.