Diego Araujo Sánchez

Las manos en la Justicia

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Martes 16 de octubre 2018

Rafael Correa reconoció que metía las manos en la Justicia y convocó a consulta popular en 2011 bajo la oferta de reformarla.

¿Los resultados? Una infraestructura modernizada por una millonaria inversión, sobre la cual pesan denuncias de sobreprecios y corrupción.

¿Mejoró la función Judicial? No. Por el contrario, aumentó la sujeción al Ejecutivo, perdió su independencia. En las sabatinas se ordenaba el inicio de procesos judiciales. Las presiones se ejercían desde con amenazadoras advertencias a quienes fallaran en contra del Estado hasta con destituciones a jueces decididas por el Consejo de la Judicatura a la sombra del “error inexcusable”. La descarada injerencia en la Justicia fue una de las lacras de la década pasada.

Pero el mal venía de antes. Febres Cordero ejerció su fuerte influencia en el área judicial. Los socialcristianos sabían que la joya de la corona del poder es el control de la Justicia. Todavía queda en la memoria, durante su gobierno, la imagen de tanquetas policiales rodeando la Corte Suprema, y años después, la del líder político que reunía en su casa a una decena de magistrados.

Después de los esfuerzos de modernización y reforma judicial que se desarrollan en las década de los noventa, otra insólita metida de manos se produjo en la presidencia de Lucio Gutiérrez, cuando el Congreso destituyó a los magistrados de la Corte Suprema en diciembre de 2004, sin tener atribuciones para ello, y los sustituyó por la “Pichi” Corte, bautizada con ese nombre por el apodo de quien fungió de presidente de ella, amigo cercano de Abdalá Bucaram. Esa metida de mano precipitó la caída de Gutiérrez.

El hábito de sujeción de la Justicia al poder político se perfeccionó con el aparataje institucional correísta. El control de la Justicia permanece como la manzana de la discordia de los viejos y nuevos partidos y movimientos políticos. La transición hacia una democracia se topa en estos mismos días con el tropiezo mayor de cortar la injerencia partidista en la Función Judicial. Los traspiés del Consejo de la Judicatura transitorio cuando algunos de sus vocales ejercen prácticas del pasado y su fallido intento de evaluar a los magistrados de la Corte Nacional muestran que la Justicia siguen siendo la joya de la corona en disputa.

El país necesita un pacto casi imposible de lograr: la renuncia a que los intereses políticos se impongan en la selección de integrantes confiables e independientes del Consejo de la Judicatura definitivo y en la evaluación de los actuales magistrados, la depuración de la Corte Nacional y la nominación de nuevos jueces. Sin una función Judicial que rompa la dependencia de partidos y grupos políticos, la Justicia estará bajo sospecha y el país no construirá una verdadera democrática.

daraujo@elcomercio.org