7 de February de 2011 00:00

Manos en la justicia

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Desde tiempo anterior mencionan dos conceptos respecto a la administración de justicia: “justicia politizada”; y “judicialización de la política”. Uno y otro conceptos se relacionan con la evidente intromisión de los poderes políticos en lo judicial.

Recordemos algunos ejemplos notorios: al ex presidente de la República Dr. Fabián Alarcón Rivera le procesaron porque –a decir del denunciante- había contratado demasiados empleados para el Congreso cuando era su Presidente. Aclarada la realidad, el ex Presidente quedó en libertad.

Al ex presidente de la República Dr. Gustavo Noboa Bejarano le hicieron sujeto de juicio penal; ordenaron prisión preventiva y, por permitir la ley, le cambiaron la prisión de cárcel a prisión en el domicilio. Por cuanto se había trasladado a otro domicilio suyo, la Policía lo retornó al primero, con vejámenes inclusive físicos, sin respetar su condición ni su edad.

Al ex presidente Dr. Alfredo Palacio González, un político lo denunció por “enriquecimiento ilícito”. Menos mal que no ordenaron prisión, pero debió aclarar la falsedad de la denuncia y obtener sobreseimiento.

Destaquemos el resultado de un juicio por “peculado” organizado por funcionarios de la Superintendencia de Bancos contra el ex ministro Jorge Gallardo Zabala, cuando ni siquiera estaba en el país. Al cabo de 10 años mereció primera sentencia absolutoria en la que –tratando de poner una valla a esta manera de judicializar la política- la Corte Nacional ordenó el enjuiciamiento penal de los funcionarios de la Superintendencia que organizaron la persecución judicial.

Es reciente la invasión de fuerza militar colombiana al campamento de Angostura. Una de las consecuencias fue que se organizara juicio penal involucrando nada menos que al ministro de Defensa de Colombia Dr. Juan Manuel Santos, entre otros; ordenado su prisión preventiva. Pero apenas el Dr. Santos fue elegido presidente de la República, nuestra justicia penal dio marcha atrás y dejó sin efecto semejante medida, que contribuyó -entre otras- para restablecer relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia.

Finalmente, al inicio del actual Gobierno se dijo que el contrato para construir el nuevo aeropuerto en Tababela era “un atraco”. Entre otras consecuencias se instauró el consabido juicio penal con clara dedicatoria al ex alcalde Gral. Paco Moncayo, pero involucrando también a uno de los que suministraban el dinero para la obra. Al fin han llegado a un convenio, pero el país ha perdido cerca de dos años en la construcción de esa obra vital, sin que se pueda cuantificar aún la cifra de los perjuicios causados.

Ojalá algún día termine este método para perseguir a los adversarios. Si con una justicia relativamente independiente ha pasado y pasa lo que hoy sufrimos, ¿qué sucederá si meten las manos para controlarla?

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