La dirigencia del transporte se equivocó al pretender una vez más imponerse a la brava.
Cambiaron el volante por piedras, palos y la caverna, con acciones violentas y vandalismo, en busca del caos y la desestabilización, propiciado por sus dirigentes, allegados y protegidos del nefasto correísmo, al que lo condecoraran a pesar de que destruyera las instituciones, que propiciara el gobierno más corrupto de la historia reciente y por tanto culpable de la actual crisis. Incluso tuvieron dirigentes-asambleístas militantes de la revolución ciudadana.
A nadie le gusta la adopción de medidas económicas que tienen sus costos, peor si no tuvieron la culpa, pero que buscan corregir grandes distorsiones que se heredara del correísmo. Medidas duras pero menos traumáticas que subir el IVA, que hubiese afectado más a los consumidores. Cierto que el Gobierno se demoró en dictar las medidas porque se sabía el desastre que le dejara la administración anterior. También debió haber enviado mayores mensajes de austeridad como la reducción más drástica del gasto público improductivo que subsiste.
El principal responsable del desastre y prófugo en Bélgica habló tanto y criticó la distorsión que había con los subsidios a los combustibles, decía desde el poder que beneficiaba a los que más tienen y al contrabando, pero demagógicamente, como acostumbraba engañar al país, nunca asumió su responsabilidad y dejó la herencia de un país en profunda crisis. Se gastó todos los ahorros, dejó una enorme deuda pública, un Estado obeso con el aumento de burocracia, el despilfarro, una corrupción generalizada y hoy quieren dar lecciones de moral, que no tienen.
Ellos buscan el caos y la desestabilización, desesperados ante la inminencia de sentencias en un sinnúmero de casos de corrupción, a la cabeza el jefe de Bélgica. Y qué vergüenza que estudiantes universitarios, que estuvieron en silencio durante el régimen represivo del correísmo, se hayan sumado a una protesta violenta en defensa de esta causa. Igualmente, ciertos dirigentes políticos y sindicales han buscado protagonismo en solidaridad con esta causa impopular.
No se podía admitir que un gremio pretenda sembrar el caos y la destrucción, violentando el orden jurídico. Según la Constitución, art. 66, numeral 14, se garantiza el derecho a transitar libremente por el territorio nacional. Empero, fueron más allá: agredieron y protagonizaron vandalismo contra ciudadanos que circulaban por las vías. Tenían derecho a protestar pacíficamente pero con propuestas y respeto a los bienes públicos y privados. Lo que no podían era paralizar el país, con ataques salvajes hasta a ambulancias, cuando se les pudo aplicar el estado de excepción y requisarles sus vehículos. Hoy tienen que responder por tanto daño que no debe quedar en la impunidad.