Con gran ruido se anunció que la Fiscal General del Estado encargada había aceptado a trámite una denuncia contra el Contralor y el ex Fiscal General por “usurpación” de funciones. Si eso fuera cierto, resultaría que todos los actos de los dos dignatarios serían nulos. Así se habrá burlado la decisión mayoritaria de la consulta popular y se anularían las acciones contra la corrupción correísta emprendidas por ellos.
La decisión, en consecuencia, no es inocente, sino parte de una maniobra bien estructurada por el prófugo Correa y sus apoyadores para mover el piso de las acciones para tratar de aclarar y sancionar los abusos de poder, el mal manejo de los recursos públicos, el cinismo con el que se gobernó el país.
Se dirá que la Fiscal General tenía la obligación de tramitar la denuncia y que solo ha cumplido su labor. No es así. Una pretensión disparatada como esta debió ser desechada de primerazo y no acogida con sospechosa celeridad, cuando hay otras denuncias que pasan meses y años sin que se las mencione siquiera. ¿Podrá asegurarnos la señora fiscal que ha tramitado de inmediato todas las denuncias que recibe? ¿Le será posible explicarnos por qué no comenzó tramitando las centenas que halló represadas en su despacho?
Basta recordar que solo dos de casi veinte denuncias presentadas por la Comisión Anticorrupción comenzaron a ser tramitadas en la Fiscalía. ¿Por qué será que las demás duermen el sueño de los justos, mientras rapidito se mueve y se publicita la que cuestiona la validez de acciones contra la corrupción, presentada por un antiguo comunista convertido en peón del sector más descompuesto del correísmo?
La orquestada recepción de la denuncia de “usurpación” no tiene ni pies ni cabeza. Un alumno de primer año de derecho la desecharía. Vino justo el momento en que Correa y sus adláteres lanzan una ofensiva para descalificar las acciones emprendidas para descubrir y sancionar sus actos de corrupción cada vez más escandalosos.
Se trata de conseguir que los exámenes e informes de Contraloría que valientemente ha agilitado el contralor Celi se anulen para dejar sin piso a lo que los ecuatorianos decidimos en la consulta y es el imperativo moral de nuestros días: sancionar la corrupción. Igual sucede con la impugnación contra el ex fiscal Pérez Reina, que trata de eliminar las sanciones de Correa, Glas y los suyos.
Cuando un político favorece con una maniobra a los acusados de delitos, eso se ve desde lejos. Cuando quien ejerce una alta función judicial hace lo mismo, eso se huele a kilómetros. ¿Creen que no nos damos cuenta de las consignas que cumplen los “elegidos” por el correísmo para manipular la justicia? ¿No será que el Consejo de Participación transitorio debe acelerar la designación de fiscal definitivo?