Ha sido anunciada la intención de Nicolás Maduro de impedir, aun con la fuerza, la distribución de ayuda humanitaria a su pueblo.
Cabe primero la tenue esperanza de que, contra todo precedente, Maduro muestre sensibilidad y desista de emitir órdenes tan funestas. Cabe luego la razonable esperanza de que un importante núcleo de militares desobedezca órdenes tan inhumanas y, al dejar, o mejor, facilitar que la ayuda llegue a sus destinatarios, concrete el desmoronamiento de esa fétida tiranía. Para esto sí existen importantes precedentes: en, entre otros, Alemania Oriental, Checoslovaquia y Polonia, hacia finales del imperio soviético, fueron abandonados regímenes tiránicos e inoperantes por subalternos finalmente hastiados de tanto engaño, tanta distorsión de la realidad, tanta promesa vacía.
Y cabe por último la horrenda posibilidad de que, henchido de soberbia y empeñado en imponer su poder por sobre cualquier consideración de decencia y humanidad, Maduro en efecto ordene a los militares venezolanos que impidan la llegada de la ayuda humanitaria internacional, incluso aplicando la fuerza. Si se atreve a hacerlo, los países latinoamericanos, y muy especialmente Ecuador, Perú y Colombia que en 1980 suscribieron (junto con la propia Venezuela) la Carta de Conducta de Riobamba, deberán, haciendo honor al espíritu de la misma, promover la formación de un Tribunal Internacional Especial para juzgar los crímenes de lesa humanidad que hubieran sido cometidos por el régimen venezolano, los cuales incluirán, si se da, la posible acción armada para evitar que la ayuda humanitaria llegue a su pueblo.
También existen importantes precedentes para la formación de tal Tribunal. En 1993, el Consejo de Seguridad de la ONU constituyó el Tribunal Penal Especial para la Antigua Yugoslavia que procesa el genocidio y crímenes contra la humanidad. Tribunales penales especiales para procesar tales crímenes cometidos en Ruanda, Camboya y Líbano fueron establecidos en 1994, 2006 y 2008. El precedente más relevante en relación con Venezuela es la Corte Especial para Sierra Leona, establecida en 2002 para procesar violaciones del derecho internacional humanitario, que en 2012 condenó a Charles Taylor, ex dictador de Liberia, a 50 años de cárcel, convirtiéndolo en el primer ex jefe de Estado contra quien la justicia internacional ha completado un juicio.
Nuestros países dejaron, vergonzosamente, de cumplir con la Responsabilidad de Proteger, esencial doctrina internacional en aplicación de la cual pudimos haber buscado aliviar al pueblo venezolano hace tiempo. Habiendo incumplido, enfrentamos ahora la nueva obligación, que debemos exigir desde la sociedad: evitar la impunidad de los torturadores de todo el pueblo venezolano.