“Ecuador no puede darse ese lujo” dicen algunos analistas al referirse al cierre del bloque 43 del ITT. Yo diría que el país no puede ser tan irresponsable para hacerlo, si se consideran sus consecuencias: Impacto: 2.400 millones de USD. Costo: 1.346 millones, sin contar los costos de remover 20.000 toneladas de equipos y tubería, un número similar de toneladas de hormigón, y un número todavía mayor de material pétreo, y reconstitución del medio. Estos costos debe afrontar el estado con una economía estancada y pigricia fiscal, que depende de los préstamos internacionales para sobrevivir.
Además, los municipios y consejos provinciales de la zona dejarán de percibir importantes ingresos y los habitantes perderán sus actuales empleos. Pero Ecuador tendrá el dudoso honor de ser el primero y único país que comete la torpeza de cerrar un campo petrolero en producción y así perder ingresos importantes en los próximos 20 años.
La génesis de este crimen es curiosa: Hace más de 12 años, un grupo autodenominado Yasunidos, que recibió importantes recursos económicos de varias fundaciones extranjeras, planteó la consulta popular para eliminar la explotación petrolera en el parque Yasuní, en defensa del medio ambiente y la diversidad de la zona. La Corte Constitucional de aquel entonces dejó dormir la solicitud, mientras Petroecuador invertía cuantiosos recursos públicos en desarrollar el campo petrolero, para lo cual abrió caminos, perforó 346 pozos y construyó oleoductos. Se cumplieron estrictamente las restricciones que impuso la licencia ambiental para afectar el mínimo posible el medio ambiente. El bloque 43 produce aproximadamente 50.000 barriles diarios, que representan cerca del 12% de la producción total del país.
De pronto, la Corte Constitucional, divorciada de la realidad nacional e ignorando que la mayor parte del impacto ambiental ya se había producido, resucitó el trámite y con 5 votos a favor, 3 votos salvados y una ausencia, aprobó la consulta, que se realizó en agosto de 2023 en la primera vuelta de las elecciones anticipadas. Una mayoría del 58% la aprobó, pero recibió el voto negativo de la zona de influencia. Así empezó a correr el ridículo plazo de 12 meses para completar el cierre del campo.
¿El país persistirá en su afán suicida y se lanzará al vacío pese a la irracionalidad de la decisión?
