Carlos Trujillo sigue sin rendirse después de años de recorrer sin desmayo hospitales, morgues, prisiones, cementerios y fosas clandestinas de México, en búsqueda de sus cuatro hermanos desaparecidos.
Este comerciante no ha dejado pista sin indagar ni piedra que levantar desde que sus hermanos Jesús, Raúl, Luis y Gustavo Trujillo se esfumaron, los dos primeros el 28 de agosto de 2008 en el estado de Guerrero, y los otros dos el 22 de septiembre de 2010 en una carretera que une los estados de Puebla y Veracruz, todos en el sur del país.
Junto a otros familiares de desaparecidos, Trujillo fundó la organización Familiares en Búsqueda María Herrera, el nombre de su madre, en uno de los crecientes esfuerzos de los atormentados parientes de desaparecidos por institucionalizar las investigaciones que acometen por su cuenta. La organización investiga la desaparición forzada de 18 personas y sus miembros ya localizaron seis personas vivas, en los últimos dos años.
Con determinación, los familiares recorren morgues, estaciones de policía, prisiones, juzgados, cementerios y fosas clandestinas con el ansia de hallar a sus familiares desaparecidos, o alguna pista que los acerque a ello.
La simiente de esas organizaciones brotó con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que en 2011 aglutinó a afectados por la violencia y recorrió el país e incluso parte de Estados Unidos, para denunciar también la política antidrogas de ese país.
El fenómeno de la desaparición forzada explotó desde que el gobierno del conservador Felipe Calderón (2006-2012) declarara la “guerra contra el narcotráfico”, en una situación que su sucesor, el también conservador Enrique Peña Nieto, no ha resuelto y que se ha convertido en una de la peores tragedias latinoamericanas en la historia reciente.
Pero solo adquirió notoriedad internacional a raíz de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, que destapó un coctel de complicidad y corrupción de la policía y el alcalde del municipio de Iguala con la violenta mafia del tráfico de drogas que opera en Guerrero.
Cuando se cumplen 26 cinco meses de su desaparición, los familiares mantienen una incesante actividad para que los estudiantes aparezcan, pese a que la Procuraduría (Fiscalía) General de la República concluyó hace un mes que fue una masacre colectiva.
La crisis humanitaria llevó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas a demandar a México que legisle, registre, investigue, repare y brinde justicia a las víctimas de este delito.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad ha informado que en este país de 120 millones de habitantes, hay registradas 23 271 personas desaparecidas, extraviadas o no localizadas entre 2007 y octubre de 2014, en un dato que no determina el número de aquellas forzadas. Organizaciones humanitarias delimitan esa cifra en 22 600 en ese periodo. La mayoría de desapariciones forzadas se atribuyen a carteles del narcotráfico, que pugnan por las rutas de distribución hacia el lucrativo mercado estadounidense.
IPS