Lolo Echeverría Echeverría

Devolver libre expresión

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Sábado 22 de diciembre 2018

La revolución ciudadana nos quitó la libertad de expresión con una Ley de Comunicación que afectó a los medios, a los periodistas y a los ciudadanos. Fue criticada por los organismos internacionales de Derechos Humanos y muchas organizaciones internacionales de medios y de periodistas. El Gobierno y la Asamblea creen habernos devuelto la libertad de expresión al aprobar reformas eliminando las instituciones y normas más groseras como la Superintendencia de Comunicación, el linchamiento mediático o los códigos de ética obligatorios. Desgraciadamente no hemos recuperado la libertad de expresión con esas reformas por más que se feliciten los asambleístas, acepten los periodistas y crean los ciudadanos.

El mismo día que se aprobaron las reformas, los funcionarios palaciegos que antes defendían la libertad de prensa con aparente entusiasmo, calificaban de “gravísima” la publicación de una grabación del Presidente y una fiscal anunciaba una indagación. Alegaban que era información secreta y que se había sacado de contexto, dos pretextos clásicos para evitar la publicación de informaciones que no se quiere que llegue a los ciudadanos. Bastaba con ofrecer la versión que consideraban correcta. Con toda razón algún periodista comentaba: todos creen en la libertad de expresión hasta que algo les incomoda.

Todavía no hemos recuperado la libertad porque la ley reformada exige el título profesional a los periodistas y la declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la OEA dice en el artículo 6 que esa exigencia es una “restricción ilegítima a la libertad de expresión”. En el artículo 7 dice: “Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión”, y es lo que hace la Constitución cuando dice que la información debe ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural”. Tampoco es aceptable, según los parámetros internacionales de libertad de expresión, declarar que la información es un servicio público porque significaría que es responsabilidad privativa del Estado.

Son ejemplos de las restricciones que seguirían vigentes aunque se apruebe definitivamente el proyecto. Lo que debieron haber hecho es revisar y aplicar todas las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y revisar y cumplir todos los instrumentos internacionales sobre libertad de expresión firmados por el Estado ecuatoriano porque son de obligatorio cumplimiento para funcionarios, legisladores, periodistas y ciudadanos y están por encima de la Constitución según el art. 424 de la carta fundamental porque versan sobre DD.HH.

Continuamos exigiendo al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que cumplan su mandato y devuelvan a los ecuatorianos la libertad de expresión que es un derecho que tenemos, no por las reformas a la Ley de Comunicación sino porque somos seres humanos libres y pensantes.