Lolo Echeverría Echeverría

Confieso que no entiendo

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Sábado 29 de septiembre 2018

Como simple ciudadano, confieso que no entiendo cómo puede entrar alguien a la cárcel a visitar, sin autorización, a un testigo protegido por la Fiscalía. Implica problemas de seguridad y de interferencia en la justicia. El hecho de que las visitas sean de una asambleísta y una abogada del principal acusado, solo empeora el problema. No entiendo que pueda sobrevivir a un hecho político y judicial como éste el ministro de justicia. Solo caben complicidad o inutilidad extrema. La respuesta oficial, asegurando que entraron sin autorización y que sancionarán a los responsables, es hacer el ridículo y burlarse de la opinión pública.

Es imposible entender que la Asamblea Nacional no se sienta burlada, contaminada por la conducta impropia de uno de sus miembros que se burla también de los ciudadanos al decir que fue a verificar que la detenida esté bien tratada. ¿Deberemos creer que piensa realizar 40 000 visitas a las cárceles para ver cómo son tratados?

No puedo entender, como simple ciudadano, que el Gobierno permita un desfile de funcionarios del anterior régimen, abogados y observadores, por los pasillos de organismos internacionales, medios de comunicación y redes sociales, desacreditando al país y diciendo mentiras sin que se pueda mover a los funcionarios, que tienen obligación de proteger los intereses nacionales, para responder con una mínima coordinación y eficacia. No sirve el argumento de que no reconocían a los organismos a los que ahora acuden. Nosotros respetamos a esos organismos y creemos que todos, incluso ellos, tienen derecho a reclamar.

Confieso que no puedo entender por qué es imposible averiguar la verdad sobre la nacionalización de Julian Assange y su designación como funcionario diplomático. Parece otra burla que se haya protegido con el carácter de secreto de Estado la información relacionada con este caso. Luce inverosímil que figuras interesadas sigan echando sombras sobre un asunto de evidente daño a la imagen del país, y quienes aseguran que nos protegen y defienden el honor de la patria, hagan gala de tanta ingenuidad. Decisiones de tal trascendencia ¿no llevan la firma del Presidente ni del Canciller, como dicen? El funcionario condescendiente que asumió esa responsabilidad debe decirle al país quién le autorizó o le ordenó.

Tampoco entendí el discurso del Presidente ante las Naciones Unidas. Una defensa enfática de la democracia, el rechazo a los gobiernos autoritarios, corruptos y populistas, y el castigo al Atila venezolano, responsable de la mayor “diáspora en la historia del continente”, no concuerdan con la defensa de la dictadura cubana y su discurso, repetido por cincuenta años. Comprar el discurso antiimperialista de Cuba y plantear como remedio para la dictadura venezolana un diálogo tantas veces fracasado, debe tener algún sentido, pero los simples ciudadanos no llegamos a comprenderlo.