Con la misma modalidad de concertación democrática de las Audiencias Públicas, Argentina acaba de realizar la segunda publicación de su Política Nacional de Defensa, comúnmente conocida como ‘Libro Blanco’.
Su contenido prácticamente de carácter universal incluye una apreciación del escenario prospectivo internacional, su posicionamiento nacional, objetivos estratégicos, organización, dislocamiento de fuerzas y una descripción de transformaciones en la metodología de planeamiento estratégico en la última década, además de sistemas de administración de recursos.
Aspectos que sirvieron como plataforma de la administración y logística de la defensa que fue anteriormente motivo de una modernización en el año 2008; dando así continuidad a procesos sostenidos en el mejoramiento del sistema de defensa nacional.
Con mucha razón el Ministro de Defensa de Ecuador, en uno de los seminarios internacionales organizados en Buenos Aires, felicitó la iniciativa, y además hizo un llamado a los países de la Unasur a construir Libros Blancos de la defensa nacional.
En paradójica coincidencia, en nuestro país, se lanza en fecha similar la Agenda Política de la Defensa, en la que se asume un discurso político partidista de confrontación social, al señalar que la capacidad operativa de las FFAA se ha visto disminuida, debido a la falta de una definición política de gobiernos anteriores, afirmación que atropella la realidad nacional.
Ni siquiera se recogen los objetivos estratégicos mencionados en la Agenda Nacional de Seguridad Interna y Externa emitida en este mismo periodo gubernamental.
Pero la candidez más inexplicable radica en que se emite una agenda sin tener una clara definición de la Política de Defensa.
La Constitución del Ecuador en el art. 141 establece como atribuciones de la función de la Función Ejecutiva la rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. En ese mismo orden de planificación, se debe dar un seguimiento y evaluación a las políticas, planes y proyectos bajo responsabilidad del Ministerio de Coordinación de la Seguridad Interna y Externa.
La elaboración de un plan de seguridad integral no exime del primer paso lógico de la planificación estratégica, que es la determinación de la Política Nacional; para desde los objetivos estratégicos deducir metas claras y mensurables, que fundamenten la rendición de cuentas, se evite la retórica y los sesgos políticos, como los de la agenda de reciente publicación, al decir por ejemplo, que en el pasado existía un escaso control de los espacios acuáticos. Criterio suelto y desleal que contrasta con los datos duros históricos de la participación de las FFAA en una efectiva cobertura del mar territorial.