Cuando al fin parecía que empezábamos a dejar atrás una década de estigmatización hacia los medios y de intimidación contra periodistas; una década de restricciones ilegítimas, imposición de contenidos y autocensura en los medios; una década de uso abusivo del derecho a la réplica y de uso arbitrario de los medios públicos como repetidores de propaganda gubernamental, fuimos testigos de la manifestación más extrema de la censura: la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Frente al secuestro y posterior asesinato de Javier, Paúl y Efraín, el gobierno intenta posicionar la idea de que se trata de un hecho atribuible exclusivamente a un grupo narcoterrorista, un acto de violencia entre privados sin implicaciones para la libertad de expresión y por el cual no se puede responsabilizar al Estado. Nada más falso.
El Estado tiene el deber de garantizar que los comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa no sean limitados de manera alguna en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.
Dada la importancia de la labor que cumplen los medios que cubren situaciones de violencia como la que impera en la frontera norte, el gobierno debe revestirlos de garantías para que cumplan su función, asegurando las condiciones para que puedan cubrir hechos de interés público sin ser víctimas de violencia.
Ciertamente, no fue el gobierno el que los secuestró o asesinó, pero eso no impide que nos cuestionemos: ¿se adoptaron todas las medidas razonables de prevención? Menos aún impide que exijamos que el gobierno agote sus esfuerzos para recuperar sus cuerpos, y que actúe con debida diligencia y celeridad en el esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y en la sanción de los responsables.
Y responsables, insisto, no son sólo los miembros del Frente Oliver Sinisterra; es indispensable que las investigaciones abarquen a todos los que a través de sus acciones y omisiones contribuyeron a crear el clima de permisividad con el que actúan grupos irregulares en Ecuador.
Estos hechos no pueden quedar en impunidad.
Es imperioso que clamemos, además, por medidas de no repetición.
¿Qué está haciendo ahora el gobierno para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión de los periodistas que investigan lo que ocurre en la frontera?
El día mundial de la libertad de prensa es una ocasión para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el ejercicio de su profesión y, al tiempo, para demandar que se permita a los medios actuar como verdaderos instrumentos de la libertad de expresión.
Defender una prensa libre es defender un elemento central del derecho a la libertad de expresión.
Defender una prensa libre, con todas las responsabilidades que el ejercicio de esa libertad conlleva, es promover la consolidación de una sociedad democrática.