Las Naciones Unidas, sobre derechos humanos en el Ecuador, menciona la vigencia de principios en cuanto a libertad de expresión, que pueden afectar el ejercicio de ese derecho.
En nuestra política se está utilizando, particularmente desde el poder, fórmulas fáciles y simples para justificar actos. Que no pagan deudas a proveedores, se admite, pero se indica que se va a pagar. Si se imponen sanciones, la justificación es que la ley lo dispone. Que legisladores de la Asamblea viajan demasiado, no hay que preocuparse porque ya se han limitado.
Desde la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, se han iniciado nada menos que 896 procesos administrativos a medios de comunicación, según se ha informado a la periodista Isabel Alarcón (El Comercio).Esta revelación se hizo el 23 de junio pasado, durante una presentación de cifras y evaluación de aniversario. Según el Superintendente de esta Entidad, 427 procesos se iniciaron por denuncia y 469, “de oficio”. No todos los procesos han culminado con sanción: 154 han sido absueltos, pero existen 565 con sanciones, que han rendido -para el Fisco- USD 630 mil.
Los más castigados han sido las radios; en segundo lugar, los medios impresos; y, por último, los audiovisuales. Una de las sanciones más curiosas es contra Ecuavisa, a la que el Superintendente ha enviado … “un llamado de atención”, porque durante la entrevista, el destacado periodista Dr. Alfredo Pinoargote, no ha permitido al Ministro del Interior …“concluir los argumentos expuestos por el funcionario”. También, porque al final de la entrevista, se han sobrepuesto videos, mientras el entrevistado hacía uso de la palabra.
¿Una “entrevista” es, acaso, un monólogo del entrevistado?
La Ley Orgánica de Comunicación ha cumplido tres años de vigencia y en este lapso los medios afrontan una serie de dificultades.
En la audiencia con el Superintendente, algunos periodistas le han hecho notar que cuando se informa, lo imparcial es que se haga constar lo que dice o informa una persona, pero si se refiere a otra el periodista entrevista inmediatamente al aludido, de tal manera que en la misma edición se publican las dos versiones. Periodistas asistentes han hecho saber que si se alude a un funcionario, le piden opinión para publicarla, conjuntamente, pero no hay respuesta; o alguien de secretaría anuncia que se pronunciará posteriormente. Sin embargo, las exigencias de rectificación, réplica, etc. advienen después de que la noticia está publicada. El periodista, deja constancia que solicitó la opinión, o consultó a la autoridad aludida, pero no tuvo respuesta.
¿Hay libertad de prensa en nuestro Ecuador, como dicen?; o ¿tienen razón las Naciones Unidas cuando observan que en nuestro país hay disposiciones que pueden afectar al ejercicio de esa libertad?