Leyes sin legisladores

El sueño máximo del poder es dictar las leyes, ejecutar las resoluciones públicas y sancionar a los infractores, exactamente lo contrario de la división de poderes que proponía Montesquieu para evitar que la democracia se convierta en tiranía. Cuando gobernantes autoritarios no cuentan con mayoría parlamentaria sienten que su habilidad para gobernar está limitada o que la lenta expedición de las leyes contrasta con las urgencias del Ejecutivo. La historia ha exhibido toda clase de parlamentos, desde los llamados "Liborios", que se sometían al Presidente, hasta congresos golpistas que pretendían gobernar por encima del Ejecutivo.

En Estados Unidos, donde se practica lo que se considera la mejor democracia, vemos en estos mismos días una confrontación entre el Presidente y la mayoría republicana que ha paralizado la administración pública y amenaza a la gobernabilidad. Entre los más extremistas de los republicanos y el más populista de los demócratas, nadie quiere ceder y se acusan de chantaje. La ventaja de esa democracia está en que nadie piensa que la solución sea derrocar al Presidente o disolver el Parlamento. Se saben obligados a un acuerdo.

En América Latina ha surgido una nueva fórmula para resolver la inevitable disputa entre Legislativo y Ejecutivo. Toda división de poderes debe administrar un tira y afloja entre ellos y llegar a un acuerdo, por eso se llama el sistema de controles y equilibrios. El nuevo sistema latinoamericano consiste en distinguir la calidad de los poderes, convertir el Parlamento y la Justicia en poderes simbólicos y supeditarlos al poder real que es el Ejecutivo.

Venezuela es un caso de laboratorio. Contando el presidente Maduro con amplísima mayoría le ha pedido a los legisladores que resignen sus facultades entregándole la posibilidad de gobernar por decreto durante un año. Es claro que para presidentes autoritarios no es suficiente la mayoría, simplemente se niegan a compartir el poder. Si los legisladores están dispuestos a pegarse un tiro en la nuca, es evidente que conocen y aceptan sus limitaciones y el papel simbólico que desempeñan para mantener la apariencia democrática.

Ecuador es otro caso de laboratorio. Contando el Ejecutivo con amplísima mayoría parlamentaria ha anunciado que no acepta que sus legisladores se aparten de la línea del partido y ha puesto como amenaza primero la posibilidad de renunciar y después la posibilidad de destituir a los "traidores". Entre más de 100 asambleístas, una sola se atrevió a decirle al Presidente que está equivocado, que no busque traidores en el bloque legislativo del partido, sino entre los que se aprovecharon del parentesco. Aunque retiró la moción que causó el problema, parece que no escapará al castigo que merece la pretensión de creerse con poder real cuando es apenas parte de un poder simbólico.

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