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Ley de Mala Práctica Médica

Los casos de mala práctica médica tratados desde el Código Civil pretenden una reparación de los individuos afectados por actos de negligencia médica. Todos los médicos estamos de acuerdo en que éstos pueden existir y así mismo todos aceptamos que debe existir una ley que proteja a las personas de profesionales negligentes en su ejercicio profesional.

Pero una ley penal en la cual se entiende que se han cometido ofensas en contra de la sociedad y que implica la encarcelación del sospechoso y la privación de sus privilegios de ciudadano no busca la reparación del daño cometido sino el castigo. Es probable que existan médicos que cometan crímenes, pero estoy seguro que no lo hacen en el ejercicio de su profesión.

Hay médicos que pueden ser negligentes en su ejercicio profesional y ellos deben reparar el daño que provocan. Si el nuevo Código Orgánico Integral Penal es aprobado incluyendo a la mala práctica médica como delito implicaría la posibilidad de encarcelamiento y privación del derecho al trabajo del médico mientras el caso se ventila.

Aunque no se logre probar que existió mala práctica, ese galeno ya fue impedido de ejercer su profesión e incluso privado de su libertad mientras el caso se investiga.

La criminalización de la práctica médica es una verdadera aberración que puede resultar tremendamente peligrosa para la salud de la gente. Quiero poner un ejemplo con el cual se ilustra mi afirmación. El personal que trabaja en un servicio de emergencias médicas en clínicas y hospitales está sujeto a una enorme presión por salvar la vida de las personas que allí concurren, en condiciones muy graves ocasionalmente.

Si la ley de mala práctica finalmente se aprueba, serán muy pocos los especialistas que acepten realizar interconsultas de emergencia e intervenir en casos en los cuales existe la posibilidad de complicaciones que incluyan la muerte del paciente, ya que esto conllevaría a la posibilidad de que se siga un juicio de mala práctica contra el médico que atendió y trató sin éxito de salvar la vida de un paciente.

Una última reflexión. Nos hemos ido convirtiendo en una sociedad cada vez más beligerante y de una manera u otra con una expectativa de vida en la cual no se acepta la existencia de la muerte y que ésta pueda ocurrir incluso para los seres que más amamos. Cuando ocurre una muerte no siempre va a haber culpables.

El temor a la muerte es universal y detrás de él se esconde todo tipo de miedo: al dolor, al sufrimiento, a la nada… Los médicos recibimos una formación para luchar con la enfermedad. El ejercicio de esta profesión está lleno de grandes satisfacciones pero, en ocasiones, enfrentamos dolorosos fracasos en los cuales debemos aceptar que no siempre se puede evitar la muerte. Lo que sí no se puede aceptar es creer que el médico busque deliberadamente el daño o la muerte de un paciente.

Sobre la ley de mala práctica médica

Hugo Romo Castillo

Este proyecto de ley, presentado por la asambleísta Gabriela Pazmiño y con  respaldo de  siete asambleístas, no sorprende por el número de errores ortográficos (34), tampoco por los errores de sintaxis (14), en un texto de cinco  páginas.

Sorprende y molesta por la pobre argumentación y pésima definición de sus motivos; por generalizaciones como aquella dirigida a “los profesionales… que prestan sus servicios en una institución pública, privada o de cualquier clase”.

Por la inclusión absurda de masajistas, “dietéticos” (nutricionistas) y por la potencial inclusión de  entrenadores de gimnasios y estilistas, pues según el texto “….hay responsabilidad en cualquier acción y omisión cuyo fin sea el mejoramiento físico y/o estético del paciente…”.

Es notorio el desconocimiento y abuso de cierta terminología, como: Responsabilidad por la esterilización de los “quirógrafos” (?) y no parece que sean quirófanos porque a renglón seguido mencionan  salas de operaciones.  “Aparatos para dar tratamiento a los pacientes”.

Los aparatos no tratan, los médicos sí, pero quizás podrían estar exentos de culpa los equipos de diagnóstico.

El  “penado”,  parece referirse al médico acusado. “Profesionista”, vocablo utilizado exclusivamente en México. El “juzgador”,  ¿será acaso un juez?  La “parte ofendida”, debe ser el paciente. Aprovecho la coyuntura para preguntar si ante una falsa denuncia ¿podrá  el “penado” ser la “parte ofendida”?

Ya en el plano de definiciones, no hay mención alguna de quién será el “Juzgador” ni cuál será su preparación.  Detalles del paciente como la edad, severidad de su enfermedad o enfermedades preexistentes, no parecen importar ni atenuar la culpa del  médico.

¿Qué pasa si el involucrado es un médico extranjero, invitado por el Gobierno, cubano por ejemplo?

En caso de emergencia, si la muerte del paciente ocurre por deficiencias en la infraestructura de un hospital público, por la falta de  insumos o medicamentos, no indica si habrá sanción para los administradores y autoridades de salud.

Lo más probable es que el médico sea el único culpable.

En realidad, lo que se desprende de la lectura del proyecto es el afán por recluir al médico en prisión, ante cualquier denuncia y exigirle indemnización sin mayor trámite.

En estas circunstancias, propongo a la Asamblea la aprobación del Código de  Hammurabi (1 760 a.C.) porque tiene mejores argumentos y está bien redactado.