¿Letra muerta?

Una ley, un decreto, un acuerdo, si no son resultado de un gran movimiento social no cambian el mundo. Incluso, muchas veces en la historia, normas conseguidas con intensas luchas, acciones heroicas y muertos, si no tienen el seguimiento y respaldo respectivo de fuerzas sociales en un tiempo largo, se cosifican en algún libro y duermen en alguna biblioteca.

Uno de tantos ejemplos de lo afirmado es el destino de las sustantivas ideas y nuevos paradigmas que se encuentran en la Constitución del 2008, seguramente una de las leyes fundamentales más garantistas del planeta. En la práctica, símbolo de letra muerta.

Sin embargo, tener inscritos los grandes anhelos sociales en las leyes es importante, ya que se constituyen en referentes tangibles que algún momento puede legitimar luchas que demanden el cumplimiento de las aspiraciones colectivas. Entonces, en y por la lucha la norma cobra vida. Salta del libro a la realidad.

Está pendiente en el país el cambio educativo. Este no vendrá de ninguna norma. Vendrá de un movimiento general que involucre a familias, políticos, docentes, estudiantes, colectivos sociales, autoridades estatales, instituciones educativas, medios de comunicación y otros. No obstante, en estos días, las grandes preocupaciones de los ecuatorianos no pasan por cambiar la educación. Está pasmada dicha urgencia. Son tales los problemas en otros frentes que la educación está en quinto plano.
Este contexto, complicado también por las elecciones, rodea la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Es lo que explica por qué a pocos interesa lo que pase en este ámbito.

Si bien las mentadas reformas a la LOEI no son resultado de grandes movilizaciones sociales, son producto interinstitucional de varios años de esfuerzo, sistematización y propuesta en ámbitos que, si bien no cambiarán sustancialmente el modelo educativo de vieja escuela ni el modelo de gestión autoritaria vigentes, mejorarán el proceso educativo en aspectos relevantes, como el impulso a la inclusión educativa, el freno de la violencia y acoso sexual escolar, el fortalecimiento de las bibliotecas y los Departamentos de Consejería Estudiantil, DECE, la reapertura de las escuelas rurales, el funcionamiento del Consejo Nacional de Educación y, sobre todo, el mejoramiento de la profesión docente y las condiciones de vida y laborales de maestras y maestros, entre otros aspectos claves.

Son reformas que tienen que ser aprobadas y sobre todo financiadas, para que no queden en letra muerta o en proclamas demagógicas, que tarde o temprano afectarán a la educación y a la gobernabilidad. Por esto los candidatos finalistas a la presidencia ­deberían pronunciarse sobre este tema.

El gran cambio educativo está pendiente. Tal proyecto estará ligado y acompañará al nuevo modelo de país. Toca salir del actual atolladero para que estas agendas priorizadas vuelvan, algún día, a iluminarnos.

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