Lesa humanidad

La polarización ha marcado al debate público sobre el juicio de lesa humanidad que debía iniciarse hace unas semanas en la Corte Nacional de Justicia.

Una de las constataciones más dolorosas es que muchas personas que de forma reiterada expresan su adhesión a los derechos humanos, a la necesidad de establecer límites al poder y sancionar a quienes cometen abusos, han calificado al juicio de injusto. Incluso lo consideran una venganza contra quienes cumplían con su trabajo al enfrentar a un grupo de delincuentes.

Del otro lado, la acción de AVC se presenta como la de un grupo de soñadores que se pusieron en pie de lucha contra el capitalismo opresor.

Se habla de ellos como los constructores de un mañana mejor, héroes revolucionarios que deberían pasar a la historia de nuestra América Latina.

El juicio es una reivindicación histórica, una baño de verdad, una forma de enfrentar a la impunidad. 
Valoraciones polarizadas que demuestran la (in)comprensión del papel que cumplen los derechos y los procesos.

Parafraseando a Ferrajoli, las garantías judiciales actúan como una forma de protección a los más débiles, cuando alguien mata, roba, viola (o lo intenta), sus víctimas son los más débiles. A su disposición deben ponerse todos los medios para protegerlos: leyes, policías, jueces, sanciones, incluso el uso de fuerza en proporción a la amenaza concreta.

Quien mató, robó, violó (o intentó hacerlo) cuando es investigado, perseguido, detenido, juzgado, se convierte en la parte más débil, están bajo un gran poder, la situación cambia, ahora quien debe ser rodeado de garantías es el que se encuentra expuesto a los abusos.

Parece una mirada ingenua, muchos piensan que esto lo define quién tiene poder, víctima y victimarios se “construyen”, se hacen, dependiendo del contexto. Yo sigo convencido, a pesar de las muchas decepciones, en la capacidad del derecho y de los derechos como un medio para frenar los abusos y a los abusivos. Una aplicación selectiva de las garantías, una indignación condicional frente a la violencia nos convierte a todos en vulnerables.

No se trata de la culpabilidad o la inocencia de los procesados por el delito de lesa humanidad, ellos tienen derecho –como lo tenían en su momento quienes fueron acusados de ser parte de AVC- que se presuma su inocencia, a no ser víctimas de abusos, no sufrir torturas, no ser detenidos ilegalmente y a ser juzgados por jueces independientes e imparciales.

Tener esta posición no justifica los robos, los secuestros, los asesinatos; no desconoce la potestad/obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar actos ilegales.

Es una defensa a los límites, a la obligación del estricto respeto a los derechos, no hacerlo coloca al que actúa así al margen de la ley.
El juicio de lesa humanidad esta poniendo a prueba las convicciones de muchas personas.

Penosamente esto se da en un contexto en que la justicia se encuentra en entredicho, por eso no sabremos -si finalmente se da el juzgamiento- si la condena o la absolución a los procesados es resultado de un juicio justo.

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