Parecía rumor aquello de que en el sector público solo tienen derechos los ciudadanos que se alineen. Encerraba la intención de imputarle al Gobierno una imagen de intolerancia, quizás generada en opositores para tacharlo de Régimen fascista.
Aquello de que a la burocracia se la convoca a los actos públicos de Alianza País, tiene el precedente de otros gobernantes, estimulando la presencia con algo de comer y de beber. Muchos van por convicción, otros por miedo y algunos por servilismo.
Verdad que parecía extraño que en los concursos para funciones públicas siempre llegaban a los cargos los alineados. Se acusaba que algunas respuestas que permitían ganar concursos, eran una grave ofensa a la verdad, pero de no haber habido impugnación inmediata, lo falso se validaba como verdadero. Debían ser solo errores.
El viernes 19 de diciembre del 2014, los medios informaron del acto en la víspera de posesión de los directivos en todo el Ecuador, del Movimiento Alianza País, en el Centro de Convenciones Quitumbe, imputando que el Presidente habría dicho que aún no se logra un compromiso generalizado de los funcionarios públicos, que se creen técnicos puros. El comentario habría sido que aquellos dicen “…somos técnicos, no políticos”, por lo que en forma imperativa habría reflexionado”… debemos ser técnicos políticos y políticos técnicos y si esas personas son de libre remoción, no deberían estar en el Gobierno”.
Por el art. 66, numeral 11, de la Constitución, coincidente con lo que consta en los diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, se consagra el principio de no se le puede condicionar ni limitarle derechos a persona alguna por sus convicciones o militancia política o religiosa, ni siquiera obligársele a declararlas.
Verdad que en gobiernos autoritarios y en dictaduras hay ocasiones que han pretendido imponer condicionalidades al ejercicio de cargos públicos, técnicos o administrativos, pero no siempre se han salido con las suyas.
Cito el caso de Jaime Roldós en la dictadura fascista de 1963.
Carlos Luis Plaza Dañín fue designado presidente del Concejo Municipal de Guayaquil. Jaime era funcionario del control de inquilinato en el cantón. Plaza ofreció estabilidad a todos los funcionarios municipales. El 28 de enero de 1964, Jaime –entonces presidente de la FEUE- fue agredido por agentes de la dictadura, le rompieron la cabeza y lo llevaron preso al cuartel de la Policía. Presionaron a Plaza Dañín para que separara a Jaime y Plaza se negó a hacerlo: “Roldós es muy buen funcionario y nada tiene que hacer la política con su cargo”. Semanas después, Jaime salió en libertad y regresó a la función que la ejerció por algunos meses más.
Aspiro que la imputación publicada solo sea por palabras sacadas de contexto.