El 6 de febrero del 2019, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP) dispuso la reducción de al menos el 10% de los servidores de 21 empresas estatales, sobre los existentes al cierre de diciembre del 2018, que se ha expresado fueron 39.881 personas, por lo que habría que desvincular por lo menos a 3.988.
La lista de los que se irán deberá ser informada hasta el miércoles 20 de febrero de 2019. Al finalizar febrero, se deberá ver reflejada la reducción en la nómina, mediante comparación con la del cierre del 2018.
No se dice si los que deben salir serán los contratados ocasionales, o los que tienen garantía de estabilidad, o sólo los que no la tienen. Tampoco se informa sobre los posibles costos de la desvinculación, que podrían ser elevados, ni de la prohibición que debería haber para nuevos ingresos de personal.
En catorce días, imposible hacer evaluaciones confiables de 39.888 personas. Quizás ya hubo un trabajo previo de evaluación y calificación, cuidando que cargos que exijan calidad profesional y técnica no queden vacantes; de ser así, debería habérselo informado, para no colocar en zozobra a decenas de miles de servidores en esas empresas, por el miedo al infierno de la desocupación, cuando la falta de otras fuentes de trabajo es evidente.
¿Será exhibible, para quien quiera conocer su caso particular, la evaluación que se le haya hecho y la motivación para su separación, a fin que no quede sospecha que sale por ineficiente o deshonesto, y se evidencie – de ser el caso- que se trata de solo un recorte, pero no con sesgos políticos?
¿Podría presentarse un organigrama a diciembre del 2018 y el que quedaría post febrero del 2019? Hay entidades que ya hicieron recortes importantes en el transcurso del 2018, ¿se validarán esos recortes?
Seguro que hay exceso de personal en el sector público, quizás más del 10% de las nóminas, pero la racionalidad no va por separarlos por porcentaje.
Es ofender a los servidores públicos sólo verlos como número o porcentaje, cuando hay quienes realmente tienen valía y no son de la burocracia privilegiada.
¿Y qué va a suceder con quienes inflaron de personal al sector público? ¿Nada? Sería una burla al Ecuador. Por lo menos, deberían ser identificados.
Hay casos groseros y de vergüenza.
Al IESS ingresaron con Ramiro González (2008 – 2013) 8.733 personas, con Richard Espinoza (2015 – 2017). En la década del correato, el personal en el IESS, se aproximó a tres veces, el del inicio del 2007. ¿Se justificó ese crecimiento?, quizás sólo en un segmento de salud.
Está el festín de asesores – con diferentes oficios, guarda espaldas u otros- en la Asamblea y en otras entidades. ¿Sería publicable su nómina con las funciones que ejercen?