Los ecuatorianos tienen dificultad para abandonar la imagen de su pasado Congreso de disputa y arduas negociaciones, sino de negociados, para lograr mayorías. En la actualidad, las quejas sobre el procedimiento legislativo, expeditivo y con tácticas para pasar a toda costa las propuestas del Ejecutivo, molestan y causan desconfianza. En el uno y otro caso, la falta de transparencia suscita dudas y eventualmente apatía ciudadana, como en el pasado. Además, el Legislativo es visto por la población como el malo, mientras se sigue considerando al Ejecutivo como el bueno.
El Legislativo que expresa la diversidad de posiciones, intereses y propuestas de la sociedad, debe ser el espacio de debate, competencia y disputa, lo cual requiere de largas conversas. Aspecto mal visto por esa parte de la ciudadanía que está en espera de milagros para solucionar sus penas y que ve mal a las disputas que parecen intranscendentes. El Ejecutivo que tiene ahora casi el monopolio para presentar proyectos de ley, aparece como víctima de la “palabrería, incomprensión y mezquindad” de los oponentes, sin que se miren los medios usados por el Ejecutivo para que la oposición pierda sentido. Correa alimenta esta conservadora y antidemocrática visión de la política. Condena al oponente en lugar de debatir las posiciones de este, no reconoce los aportes del contrincante y pretende que sólo su posición es la buena, destruye así las condiciones para legislar en democracia y a las ideas originales de los que fueron militantes de causas y le apoyaron, es decir Acuerdo País.
Tener mayoría no quiere decir todo proponer, todo decidir, todo negar del oponente, algo que el Gobierno no logra aceptar, sigue defendiendo hasta los puntos y comas de su propuesta. El Cootad muestra que es posible algo diferente, pasó por consenso y el Legislativo no aceptó puntos claves del veto presidencial. Esto con un tema complejo que antes polarizó al Ecuador, pues se trata de repartir el poder del Estado entre niveles de gobierno.
El Cootad aplica lo que está en la Constitución sobre descentralización y es fruto de varias negociaciones. Esta parte de la Constitución, excepcionalmente llegó a Montecristi, previo debate con municipios, parroquias, provincias, gobierno central y organismos de la sociedad, en un largo proceso que permitió un consenso. La mayoría con pequeños cambios, la hizo suya y Tatiana Hidrovo, presidenta de la Comisión, luego alimentó el diálogo y debate con la oposición. Esta supo también que la mayoría tenía derecho a la iniciativa mientras a ella le tocaba aportar precisiones, rectificaciones si fuese del caso u oponerse por cuestiones mayores. La Comisión de la Asamblea actual, con V. Hernández, ha seguido la misma pauta.