Gran pesadumbre provocó en algunos asambleístas de Alianza País la imposición de amnistía para Gustavo Noboa en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Sobre todo en el pequeño grupo de asambleístas con trayectoria y formación de izquierda. Es que semejante decisión no encajaba por ningún lado con un proyecto de cambio social progresista, ni mucho menos con una supuesta revolución. Por un lado implicaba contradicciones con sus principios ideológicos: el ex presidente es un connotado representante de la rancia derecha nacional, al que, además, condenaron y combatieron durante su mandato. Por otro lado, la amnistía presentaba conflictos éticos, sobre todo después de que Alberto Acosta, en una de sus intervenciones, demostró que las acusaciones contra Noboa estaban judicialmente bien fundamentadas.
La individualización de las amnistías en el Ecuador ha generado un complicado enredijo, porque ha desvirtuado el concepto mismo de delito político. Si entendemos que la política se refiere al ámbito público, donde se dirimen los conflictos de poder y se contraponen los intereses colectivos, no cabe dar ese tratamiento a los negocios personales. Un delito no es político solo porque lo cometen los políticos de turno, sino porque tiene motivaciones y finalidades que lo explican y justifican. Hay países con legislaciones que clasifican y especifican estas particularidades. Pero si se obvian la trascendencia y las implicaciones colectivas de un delito político, entonces una amnistía termina convertida en un favor personal antes que en un acto de justicia.
La amnistía propuesta por el gobierno a favor de Alberto Dahik tiene las mismas connotaciones que la de Gustavo Noboa: parte de un equívoco. Por ello, el debate que pudiera generarse en el país y en la Asamblea Constituyente corre el riesgo de convertirse en una discusión bizantina sobre las propiedades nutricionales de la leche de gallina.
Si nos acogemos a las declaraciones del ex vicepresidente, y por un instante admitimos que los juicios en su contra fueron fraguados y montados por sus enemigos políticos, entonces estamos frente a una injusticia que deberá ser corregida en el ámbito judicial. La pelea de Dahik, en ese caso, debe apuntar no solo a demostrar su inocencia, sino a desmontar la tramoya y sancionar las ilegalidades a las que se hubiera prestado la Función Judicial para favorecer los afanes de venganza de Febres Cordero. En esa cruzada deberá contar con el apoyo de todo el país. En caso contrario, tendrá que someterse a la justicia ordinaria.
Si la petición llega a ser procesada en la Asamblea, el país espera que los asambleístas de izquierda de AP mantengan una posición ideológica y ética firme, y no repitan las inconsecuencias de Montecristi.