Desde que se produjo la adhesión incondicional del Presidente de la República al Fiscal General la suerte estaba echada; sin embargo, en el largo proceso y en su resultado han surgido temas de ética política que el pueblo no debe dejar pasar por alto, por sus implicaciones para el futuro institucional del país.
Entre los elementos que salieron a flote, uno fue el valor de la lealtad que en política es un difícil elemento, pues es muy voluble en su ubicación. Supuestamente en democracia, este valor está vinculado al bien común de la sociedad, a las promesas y ofertas que consiguieron el voto para ejercer la representación, pero también a principios ideológicos, políticos o doctrinarios. Existe una variación en los contenidos, pero siempre es necesario la transparencia en las definiciones que permita evaluar la lealtad.
Con estos antecedentes se puede afirmar que los 33 asambleístas que se identificaron con la defensa de la posición presidencial fueron leales, no a la sociedad que necesitaba de la claridad del juicio , pero a sí una decisión política. Por supuesto que fueron ejemplar y valientemente leales los miembros de Alianza País, que desde un principio demandaron el juicio y desafiaron al poder y al chantaje. A ellos deben sumarse los que conformaran esa mayoría moral que llegó a 50 votos y a los que les faltaron algunos que se enfermaron, no asistieron o se ampararon en la abstención que en este caso no era tal, sino un simple pretexto para archivar el juicio .
En estas condiciones moralmente no hay nada que reclamar a los 33 que fueron fieles a una decisión política superior, ni a los que completaron la mayoría pero que no lograron alcanzar la meta. Pero a los otros la situación es diferente. Sobre ellos la mira ciudadana no puede desprenderse, pues se ha evidenciado que representan intereses o protecciones ocultas que no se justifican en la democracia y que dan lugar a la presunción que tras una fachada de oposición se esconden contubernios similares a los peores que recuerda la historia del país. Es lamentable que la mayoría de estos ocultos, silenciosos o ausentes representen a la provincia del Guayas, de la que en el pasado salieron grandes protagonistas de juicios políticos como Otto Arosemena o León Febres Cordero; con seguridad, eran de otra madera.
El problema no está en la protección política del más alto nivel que se otorgó al Fiscal General ; la preocupación radica en que en el escenario nacional se ha evidenciado un trasfondo de acuerdos entre los que lideran mayoritarias marchas de protesta en la ciudad de Octubre y las necesidades estratégicas del gobierno. Por eso -ojalá sea un grave error de apreciación o interpretación de los hechos – pero queda la impresión de que las élites de la provincia que perdieron sus costas están atenazadas entre el Servicio de Rentas Internas y la Fiscalía General.