A ritmos forzados, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) empezará a tramitar hoy el pedido de juicio político al vicepresidente Jorge Glas, sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Desde que empezaron a aparecer las pruebas de supuesta corrupción contra Glas, la Asamblea, especialmente el ala oficialista, evitó a toda costa su enjuiciamiento político. Conforme avanzaban las investigaciones judiciales, los legisladores de Alianza País se sintieron muy cómodos en el papel del avestruz, ocultando la cabeza bajo tierra.
Es más, el 18 de julio el CAL, con cinco votos a favor, incluido el del actual presidente José Serrano, archivó el pedido de juicio político a Glas, por falta de requisitos. Semanas antes lo habían recibido con alfombra roja para que expusiera todos los ‘argumentos de su inocencia’.
No aplicaron la misma lógica para juzgar al excontralor Carlos Pólit, a quien censuraron en un tiempo récord, aunque las causales y evidencias en su contra eran –en ese momento- muy débiles. Ni siquiera estaba procesado formalmente por concusión. Pero lo importante era mostrar un trofeo político, lavar la imagen de la fiscalización tan menoscabada la última década.
Los tiempos y prioridades de la Asamblea cambiaron radicalmente a mediados de este mes, cuando Glas fue sentenciado en la Corte Nacional.
Paralelamente el contralor Pablo Celi pidió su destitución, por su responsabilidad administrativa en la contratación del bloque petrolero Singue.
Es poco probable que el Legislativo debata esta semana y resuelva, de ser el caso, la destitución del Vicepresidente. No le alcanzan los tiempos. Lo que ocurrirá es que, por mandato constitucional, Glas dejará de ser vicepresidente el próximo 2 de enero, cuando se cumplan los 90 días de ausencia definitiva del cargo.
Así, la Asamblea ratificará su triste papel en el control político de las autoridades de turno, que cuando se trata del oficialismo tienen más vidas que un gato.