Diez años después de la crisis y la corrupción bancaria, la caída de una parte del sistema financiero y la estafa perpetrada a cientos de miles de ecuatorianos se sigue hablando de las tareas a cumplir por los organismos de control. Este no es un problema de ahora porque se arrastra de fines del siglo anterior. Se criticó tanto al pasado, con razón, pero también en estos cuatro años de administración no se ha podido finiquitar este proceso. Al contrario, se han beneficiado de los hechos. Ejemplo: el caso de lo que fueron “los medios vinculados de prensa, radio y TV”, que pasaron de la banca a manos del Estado, que no han podido ser vendidos y siguen controlados y usados por la administración gubernamental.
La resolución de la Asamblea Nacional mediante la cual censuró a la ex superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, publicada en el RO 380 del 8 de febrero último, permite ver que se mantienen latentes las tareas, que no se han podido agilizar ni finiquitar. Cuatro años después se dan cuenta, como dice la propia resolución, del incumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley.
Lo curioso es que vuelve a pedir a la Junta Bancaria la evaluación técnica del proceso de finiquito de las entidades del sistema financiero sujetas a la reestructuración, liquidación y procedimientos de cobro de las pérdidas patrimoniales para que se establezcan los correctivos encaminados a impedir que se perfeccione el perjuicio al Estado y a los clientes, que siguen esperando. Las acciones y omisiones de los administradores de turno.
Se demanda la “intervención inmediata y urgente” de la Contraloría del Estado para que realice exámenes especiales a los procesos de saneamiento y liquidación forzosa de las instituciones del sistema financiero, cuya existencia jurídica ya se extinguió.
El pedido al desmantelado y alicaído Banco Central que informe periódicamente a la Asamblea sobre el pago a los acreedores, proveniente de las instituciones cerradas y que ejecute “de manera inmediata” la cartera de cobro que tiene a su cargo. La solicitud a la Fiscalía que investigue los procesos administrativos y financieros seguidos por las diferentes instituciones del Estado para determinar o no la existencia de responsabilidad penal y, en el caso de existir, que se inicien las acciones judiciales.
El requerimiento a la misma Fiscalía, al Consejo de la Judicatura y a la Corte Nacional de Justicia que evalúen e informen a la Asamblea sobre los resultados de todas las instrucciones fiscales y los procesos legales instaurados en todas las judicaturas del país por el salvataje bancario. El pedido a la Unidad de Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad para que informe sobre el avalúo y venta de los activos incautados de la banca cerrada. Las cuentas pendientes de la crisis parecen el cuento de nunca acabar y no concluyen hasta ahora.