Varios políticos de izquierda, que contribuyeron en forma decisiva a la formulación de la Constitución de Montecristi, quieren salvar su responsabilidad culpándolo a Correa de todo lo sucedido.
Sostienen, todavía, aunque ahora lucen menos convencidos, que la Constitución, no solo es revolucionaria, sino también garantista y democrática. Fue Correa, el desalmado, que la manipuló, la desfiguró, la utilizó, para imponer su visión autoritaria del poder. Seamos claros: la Constitución, a más de farragosa, enrevesada, dispersa y ambigua, establece un modelo de estado concentrador de poder y poco democrático. Y si en algo podrían tener razón sus defensores, sería en que se volvió peor luego de las reformas constitucionales, aprobadas en la consulta popular del 2011.
Lo que sí hizo Correa es aprovecharse, a plena conciencia, del modelo de Estado y de las facultades que otorga la Constitución para el ejercicio del poder. A más, por supuesto, de plantear las reformas de la consulta y de expedir las leyes para llevar ese modelo a todos los espacios y escenarios de la vida nacional. Y digo expedir, porque la Asamblea jamás fue capaz de rechazar o corregir uno solo de los temas de las propuestas oficiales. Y hay que contar también con las normas secundarias emitidas a través de decretos presidenciales. Por citar un ejemplo: el Decreto 18, destinado a controlar, y cuando era necesario, destruir las organizaciones de la sociedad civil.
Se juntaron entonces un modelo constitucional enderezado al autoritarismo y un gobernante audaz, que no tuvo empacho en servirse de él para consolidar su poder y, eventualmente, para intentar perpetuarlo.
Algunos escépticos lo advertimos desde un principio. Muchos creyeron en el llamado proyecto; pero tal vez, solo ahora, la ciudadanía en su conjunto se da cuenta de lo que ha significado para las instituciones del país, para la democracia, para la transparencia y la honestidad administrativa, este maridaje de normas constitucionales perversas y de un gobierno capaz de todo. En estos mismos días están cayendo los velos y revelándose descarnadamente lo ocurrido en estos diez años.
Es indudable que hace falta una cirugía mayor para extirpar la corrupción; pero también hace falta una cirugía mayor para reconstruir la maltrecha institucionalidad del país; suprimir mamotretos inútiles o engañosos, como el Consejo de Participación ciudadana, responsable de buena parte de los desastres de estos últimos años; y distribuir claramente las competencias que correspondan a cada uno de los órganos del Estado.
¿Cómo hacerlo? ¿Una nueva asamblea constituyente para dictar una nueva constitución, porque la que ahora nos rige ya no da para más? ¿Una amplia consultar popular para corregir los errores de más bulto? Pero algo urgente deberá hacerse.