A los shuar de Kumay el Estado debe pedirles disculpas públicas. Eso dice la sentencia que, esta semana, dictó el Juez Provincias, luego de que demandaran una acción de protección. Además, el Estado deberá colocar una placa con el nombre de Alberto Mashutak en la comunidad, como símbolo de lucha de su pueblo. Lo que pasa es que a Alberto Mashutak murió el 27 de mayo, a las puertas del hospital de Shell. A sus familiares se les negó el derecho a enterrarlo en la comunidad y, pese a su insistencia, no se les dio respuesta.
Los shuar, como buenos guerreros, no se rindieron. Hablaron en la Fiscalía, en la Gobernación, en la Dirección de Salud. Ninguna autoridad parecía tener competencia para el trámite de traslado. Al cuerpo lo enterraron en Mera. Y la comunidad estaba dispuesta a desenterrar cadáver y llevárselo a su comunidad a la fuerza. Los shuar de Kumay cumplieron y se levantaron, permanecieron en vigilia permanente, documentaron las respuestas inverosímiles de las instituciones. Insistieron durante más de un mes ante todas las autoridades posibles y de todas las formas posibles, hasta que tomaron una medida drástica: retuvieron a dos policías y a una funcionaria de la gobernación de Pastaza hasta lograr una respuesta de las autoridades. La Ministra de Gobierno se enojó… apareció molesta y, en tono amenazante, responsabilizó a los dirigentes y tal y tal. Cero empatía.
En la resolución del COE del 29 de junio se trató el tema de Kumay, se pusieron sobre la mesa dos temas importantes: los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y las posibles sanciones de la CIDH y finalmente se e autorizó la exhumación del cuerpo. El 3 de julio se hizo el intercambio. Del lado del Estado, la policía del GOE, con pasamontañas, cascos y armados. Del otro, chicos, niños y niñas, mujeres, hombres, todos desarmados salvo por un par de jóvenes que portaban lanzas. El Comandante General de la Policía fue a Kumay fue sensato y habló de un esfuerzo mancomunado entre la policía y la comunidad para resolver el conflicto. Kumay acudió a instancias judiciales y el 20 de julio, el Juez declaró omisión del Estado en aplicar principio de interculturalidad en procedimientos realizados por Presidencia, Gestión de Riesgos y Ministerio de Gobierno a través de la gobernación de Pastaza y la policía. La sentencia incluye las disculpas en los portales de todas las instancias demandadas, el tratamiento psicológico a la familia y comunidad, bajo el principio de interculturalidad. Además, el juez solicitó a la comunidad adecuar sus procesos culturales a la actual situación de la pandemia.
El caso de Kumay deja ver la falta de diálogo, empatía y de sensibilidad de las instituciones frente a los pueblos indígenas.
La sentencia reclama protocolos con pertinencia cultural, es decir, un pasito adelante en la construcción del país intercultural que, evidentemente, no existe.