La campaña por el referéndum, las revueltas populares en medio oriente y el Tsunami en Japón, han desviado la atención sobre algunos hechos inquietantes que se han producido alrededor de un conflicto legal de relevancia internacional, que se ventila en una modesta corte del Oriente ecuatoriano.
Se trata del litigio que desde hace casi 20 años enfrenta a un grupo de habitantes de la Amazonía y al gigante petrolero Chevron, por los daños ambientales que habría provocado la empresa petrolera Texaco -adquirida luego por Chevron- cuando explotó petróleo en aquella zona desde finales de los años sesenta, hasta inicios de los noventa.
Durante la mayor parte de lo que algunos han calificado como el “juicio del siglo”, los demandantes mantuvieron una clara ventaja ante la opinión pública, gracias a una hábil utilización de la conciencia ambientalista internacional y de los sentimientos nacionalistas locales.
Esa estrategia, más política que jurídica, les grangeó a los demandantes la simpatía de instituciones y de celebridades internacionales que entregaron apoyo económico a su causa y premiaron a algunos de sus patrocinadores, así como de la mayor parte de autoridades y líderes de opinión ecuatorianos, que cerraron filas contra la compañía.
En esas circunstancias, las probabilidades de que Chevron sea condenada en Ecuador y de que dicha condena sea ratificada en cortes internacionales, eran enormes. Los demandantes se alistaban para obtener un irrefutable -y jugoso- fallo a su favor, que sería calurosamente recibido dentro y fuera del país. Sin embargo, a la puerta del horno se quemó el pan…
La publicación -por orden de una corte norteamericana- de videos editados del documental “Crudo” del director Joe Berlinger, que trata el caso de la demanda contra Chevron en Ecuador, muestra de forma “cruda” al equipo legal de los demandantes coludiendo con peritos y funcionarios gubernamentales de alto nivel, para manipular evidencias, informes y fallos del sistema judicial ecuatoriano.
Lo registrado en estos videos generó suficiente precupación como para que cortes norteamericanas y europeas hayan aceptado temporalmente recursos contra los fallos que se emitan en Ecuador sobre el caso. Una corte de EEUU incluso inició una investigación criminal sobre la actuación de abogados y firmas norteamericanas involucradas en la demanda contra Chevron.
Quizá por que resultaría “políticamente incorrecto” contribuir a descalificar una demanda ambiental de aquellas características, los medios locales han dado escasa atención a lo revelado en los videos de Berlinger. Sin embargo, lo que allí se muestra desnuda ante el mundo la cuestionable calidad del sistema de justicia ecuatoriano y ratifica la extendida percepción de que en Ecuador, tanto ciudadanos como empresas, difícilmente pueden recibir un juicio justo.