Enrique Ayala Mora

Justicia a presos políticos

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El cable internacional informó el 29 de agosto, que la jueza Claudia Donoso Niemeyer, titular del 18 Juzgado Civil de Santiago, condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 110 millones de pesos (USD unos 166.000) a cada uno de los 29 presos políticos que fueron víctimas de tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet, que gobernó el país de 1973 a 1990.

La jueza rechazó los argumentos de excepción de pago y prescripción planteados durante el juicio, considerando “la situación específica y particular de los familiares cuyo dolor fue causado por agentes del Estado”, sin tomar en cuenta lo dispuesto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, “que obliga al pago de una justa indemnización a los lesionados, esto es, a cada persona en específico”. Este fallo desestimó que se considerara compensación suficiente algunos beneficios de seguridad social entregados a los demandantes desde 1990, “Dado que los derechos humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de este, no es posible sostener que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado”.

Para llegar a este resultado el camino ha sido largo. Pinochet, tuvo tiempo para emitir un conjunto de leyes y dejar “blindado” a su oprobioso régimen de la posibilidad de ser juzgado luego de su salida del poder. Pero la persistente acción de personas democráticas y humanistas venció las trabas heredadas de la dictadura militar.

Los casos de las 29 víctimas fueron mencionados en el Informe de la “Comisión Valech”, creada en 2003. Esta comisión, presidida por el obispo Sergio Valech, certificó que se habían dado más de 35.000 casos de prisión política y tortura en la dictadura. Más tarde, la Comisión presentó una extensión al informe, que elevó a 40.018 el número de víctimas. Más informes preparados luego de la instauración del régimen constitucional, establecieron que miles de chilenos murieron a manos de agentes del Estado durante la dictadura. Pese a los esfuerzos, todavía 1.192 aún figuran como detenidos y luego desaparecidos.

Este fallo judicial de gran trascedencia deja a Chile y a la comunidad internacional, al menos dos lecciones. Primera: que, aunque cueste enorme esfuerzo, se puede conseguir reconocimiento y alguna forma de compensación por los crímenes de estado. Pero es preciso que la sociedad civil actúe con energía y persistencia para vencer las trabas que el poder impone para proteger sus abusos. Segunda: que las monstruosidades de dictaduras asesinas como la de Pinochet no pueden ser beneficiarias del “perdón y olvido”, aunque con el paso del tiempo se argumente que hay que superar el pasado. Los derechos de las personas duran siempre.