Marco Arauz

Justicia “express”

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Domingo 25 de septiembre 2011
25 de September de 2011 00:02

El país ha asistido en estos días a un espectáculo de circo romano, con la ratificación, por parte de dos de los tres jueces que actuaron en segunda instancia, de la sentencia contra El Universo, sus directivos y el ex editor de Opinión.

Los resultados han sido predecibles y confirman que la justicia ecuatoriana es más manipulable que nunca, en función de la reforma del sistema judicial dirigida por el Ejecutivo. La mayoría de los jueces relacionados con el proceso han cumplido el papel de actores de reparto, listos a entrar o a salir de escena según lo dispongan el director y los apuntadores.

La obra estaba dirigida a mostrar cuánta razón tenían el Presidente de la República y su abogado al reclamar indemnizaciones absurdas, así como la prisión no solo del autor de la supuesta injuria sino también de los directivos del periódico en el cual se publicó.

Pero lo que se está demostrando es algo bastante distinto. Para empezar, la innovación que se supone digna de anotarse en los anales de la historia jurídica, se basa en tres argumentos deleznables: se aplica la figura de la injuria contra la autoridad, lo cual equivale al desacato, un concepto en retirada en todo el mundo.

Asimismo, y contra toda lógica, se quiere imputar delitos penales a una persona jurídica. Y finalmente -lo cual constituye el motivo de mayor orgullo de Correa y de su abogado- la autoría vinculante, según la cual los propietarios del Diario serían responsables de una opinión firmada por otra persona. Admitirlo implicaría que los directores de una publicación deben ejercer una inaceptable censura previa.

Alembert Vera se dice seguro de que su tesis triunfará si el caso va a instancias internacionales, pero todo hace augurar lo contrario. Basta ver la reacción que viene provocando el tema a nivel mundial, y la recepción a la intervención del Presidente en la Universidad de Columbia, este viernes, cuando defendió, quizás en el país menos indicado para ello, que un presidente tiene el mismo derecho a la honra que cualquier otro ciudadano, olvidando la ventaja de disponer de gran poder y autoridad.

Si admitiéramos esa tesis aunque sea por un segundo, habría que decir que una cosa es tener iguales derechos, y otra, unos derechos infinitamente superiores. Por ejemplo, el derecho a contar con una justicia dispuesta a someterse no solo a las tesis, sino incluso a los horarios del poder. Esa misma justicia que, en cambio, tarda o no llega nunca y es sinónimo de impunidad en la mayoría de casos.

El caso hasta hoy solo deja en claro que el "ciudadano" Correa es el único que tiene derecho a una justicia expedita. Además, que es el único "ciudadano" cuya honra vale USD 80 millones; pues incluso la vida de las víctimas de crímenes de estado ha merecido indemnizaciones infinitamente inferiores.

Pocas ganancias ha dejado, por tanto, esta muestra desfachatada de "justicia express".