La justicia, celestina del mal

Escalofriantes noticias: el contralor General del Estado anuncia que “Solo en 100 exámenes realizados a jueces y fiscales se encuentran 57 jueces y dos fiscales con indicios de responsabilidad penal”.

“Hay otros jueces con inconsistencias, junto a alcaldes, concejales que tienen patrimonios no justificados, con más de medio millón de dólares”

“En el índice del Estado de derecho del 2023 del World Justice Proyect, Ecuador ocupa el lugar 96 de 142 países, con una puntuación muy baja en el rubro – ausencia de corrupción – (posición 105), similar a naciones como Irán o Bolivia”

“Transparencia Internacional advierte infiltración criminal. En su informe de 2024, esta organización alertó sobre la posible penetración de redes del crimen organizado en la judicatura ecuatoriana, minando la independencia judicial”

“ONU señala riesgos al Estado de derecho. El Comité de Derechos humanos de la ONU ha expresado preocupación por sobornos a jueces y fiscales, amenazas, asesinatos de operadores judiciales y militarización penitenciaria como factores que erosionan el sistema de justicia”

Despertamos cada día con la zozobra de enterarnos de asesinatos múltiples en todo el país y sobre todo en ciudades del litoral como Manta, Durán, Machala, Guayaquil. Nos conmociona el escuchar la brutalidad y la desnaturalización de verdaderos enjambres de criminales adolescentes y jóvenes que, a cambio de dinero, ropa de moda y vistosas joyas, han perdido la valoración de la vida de los seres humanos y se han especializado en vanagloriarse de matar a sus semejantes, hombres, mujeres, jóvenes y niños, para acumular méritos ante los patrones de las numerosas y poderosas bandas.

Pero crece nuestra indignación cuando escuchamos a las autoridades de gobierno protestar enérgicamente porque delincuentes, que han sido aprehendidos luego de un incesante y esforzado trabajo policial y militar, son sorpresivamente liberados a las pocas horas por jueces que, en el peor de los casos, les señalan medidas sustitutivas ligeras, que les permite seguir delinquiendo con igual intensidad a la de siempre.

Hay antecedentes históricos de los afanes de controlar la justicia por otros gobiernos, recordamos cuando Febres Cordero rodeó con tanquetas al Congreso Nacional, para impedir el nombramiento de jueces, o cuando Lucio Gutiérrez cambió a la Corte Suprema, lo que motivó su destitución y cuando Rafael Correa se proclamó jefe de todos los poderes y anticipó que “metería las manos en la justicia” como lo hizo al nombrar jueces, fiscales, y funcionarios de consejos, de cortes, de tal manera que él, Correa, cuál juez supremo, juzgaba públicamente en las sabatinas a cualquier ciudadano, generalmente opositor, con la seguridad que a la semana siguiente algún juez “agradecido” y servicial, enjuiciaba al prójimo.

Ese gobierno autoritario, inmoral y abusivo, llenó juzgados y fiscalías con su gente, desplazó a muchos funcionarios judiciales correctos y propició el entorno que nos destruye, como país, al convertirlo en el paraíso de la impunidad y de la tolerancia al crimen, al tráfico de drogas, a las extorsiones, a los secuestros y a la violencia.

Las redes de corrupción son eficaces e influyen directamente en el archivo o la dilatación de procesos penales instaurados en su contra.

El sistema judicial responsable y honesto ha instaurado varios casos muy importantes que involucran a redes criminales vinculadas con sobornos y manipulación judicial: Purga, Metástasis, Plaga, Independencia Judicial, Pantalla y otros. Estos casos nos estremecen, dejan al descubierto la enorme infiltración del magma de la corrupción en las fuerzas armadas, en la policía, en los guardias penitenciarios, en militares de alto grado y sobre todo en la justicia.

La corrupción judicial es profunda y da lugar a una desconfianza generalizada del país en sus instituciones.

El gobierno, que ha emprendido una lucha frontal contra la delincuencia, debe estar consciente que el pilar de una buena gestión estatal es la Justicia, tiene que fortalecer a este poder a través de la renovación de los puestos de fiscales, jueces y funcionarios que se venden y cotizan los fallos, con profesionales honestos, transparentes, independientes y probos.