Si en la polÃtica ecuatoriana reinara algo de coherencia en su accionar, lo ocurrido anoche en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no serÃa noticia, sino una acción de sentido común.
En los paÃses democráticos, en donde se entiende que a los polÃticos les interesa ante todo el bienestar de su sociedad, apoyar el cumplimiento de la ley, el respaldo a quienes luchan contra la corrupción, la criminalidad y la corrupción, tratar de quitar del medio a quien hace su trabajo no serÃa nunca una opción. Ni se lo plantearÃan. Al contrario, a funcionarios asà los apoyarÃan, les brindarÃan las herramientas que requieran, sin que aquello implique dejar de mirar lo que hacen, porque todo servidor de Estado rinde cuentas, tiene obligaciones y responsabilidades expresas en la ley.
La fiscal Diana Salazar, más allá de los errores o aciertos que tenga, está cumpliendo su parte. El paÃs lo sabe y muchos la han aplaudido.
Sin embargo, hay quienes se dicen o ejercen como polÃticos que lo que han tratado de hacer desde hace muchÃsimos meses es un ajuste de cuentas, al estilo de una vendetta.
No es novedad que su cabeza tenga un precio para los militantes y simpatizantes de la RC y, seguramente, para quienes han caÃdo y continúan cayendo mientras se sigue tirando los hilos de la historia, de lo que ocurre en la justicia y las vinculaciones con la criminalidad organizada. Pero aquà quienes debieran rendir cuentas son aquellos polÃticos que obstruyen un trabajo vital para un paÃs que tiene 22 grupos criminales declarados como terroristas.
La discusión debiera centrarse en que no se puede permitir que agendas polÃticas particulares, especialmente que buscan impunidad, se tomen espacios preciados. Y ahà la clase polÃtica debe reaccionar.
El juego de acuerdos, nada santos, que han sido innumerables y por muchos años, bajo mayorÃas pro gobernabilidad o pro caos, solo dejan sospechas de hasta dónde ha ido la penetración de la criminalidad. ¿Acaso no quedan espacios libres? Creo que sÃ. Y esos deben mantenerlos y hacerlos crecer. Esa es una de las responsabilidades de la clase polÃtica ecuatoriana y de todos quieran dedicarse a esa actividad, para devolverle el respeto, la credibilidad, que debiera tener.
Suena romántico decir lo que serÃa correcto, lo que se espera de los polÃticos, pero ¿acaso ellos no debieran ser el ejemplo para la sociedad? La respuesta es obvia y la saben. El porqué no la asumen es lo que debieran romper para ayudar a sacar al paÃs de su atolladero.
Hablar de moral pública y de la ética de los polÃticos es hoy más que una necesidad, es una obligación. Y como ciudadanos estamos en la obligación de no cesar en este debate, en apoyar a quienes se juegan el todo por el todo al tratar de contribuir a enderezar el rumbo de los más de 18 millones de personas que habitamos en Ecuador.
