Si en la política ecuatoriana reinara algo de coherencia en su accionar, lo ocurrido anoche en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no sería noticia, sino una acción de sentido común.
En los países democráticos, en donde se entiende que a los políticos les interesa ante todo el bienestar de su sociedad, apoyar el cumplimiento de la ley, el respaldo a quienes luchan contra la corrupción, la criminalidad y la corrupción, tratar de quitar del medio a quien hace su trabajo no sería nunca una opción. Ni se lo plantearían. Al contrario, a funcionarios así los apoyarían, les brindarían las herramientas que requieran, sin que aquello implique dejar de mirar lo que hacen, porque todo servidor de Estado rinde cuentas, tiene obligaciones y responsabilidades expresas en la ley.
La fiscal Diana Salazar, más allá de los errores o aciertos que tenga, está cumpliendo su parte. El país lo sabe y muchos la han aplaudido.
Sin embargo, hay quienes se dicen o ejercen como políticos que lo que han tratado de hacer desde hace muchísimos meses es un ajuste de cuentas, al estilo de una vendetta.
No es novedad que su cabeza tenga un precio para los militantes y simpatizantes de la RC y, seguramente, para quienes han caído y continúan cayendo mientras se sigue tirando los hilos de la historia, de lo que ocurre en la justicia y las vinculaciones con la criminalidad organizada. Pero aquí quienes debieran rendir cuentas son aquellos políticos que obstruyen un trabajo vital para un país que tiene 22 grupos criminales declarados como terroristas.
La discusión debiera centrarse en que no se puede permitir que agendas políticas particulares, especialmente que buscan impunidad, se tomen espacios preciados. Y ahí la clase política debe reaccionar.
El juego de acuerdos, nada santos, que han sido innumerables y por muchos años, bajo mayorías pro gobernabilidad o pro caos, solo dejan sospechas de hasta dónde ha ido la penetración de la criminalidad. ¿Acaso no quedan espacios libres? Creo que sí. Y esos deben mantenerlos y hacerlos crecer. Esa es una de las responsabilidades de la clase política ecuatoriana y de todos quieran dedicarse a esa actividad, para devolverle el respeto, la credibilidad, que debiera tener.
Suena romántico decir lo que sería correcto, lo que se espera de los políticos, pero ¿acaso ellos no debieran ser el ejemplo para la sociedad? La respuesta es obvia y la saben. El porqué no la asumen es lo que debieran romper para ayudar a sacar al país de su atolladero.
Hablar de moral pública y de la ética de los políticos es hoy más que una necesidad, es una obligación. Y como ciudadanos estamos en la obligación de no cesar en este debate, en apoyar a quienes se juegan el todo por el todo al tratar de contribuir a enderezar el rumbo de los más de 18 millones de personas que habitamos en Ecuador.
