El 28 de febrero pasado, el presidente Correa presentó una demanda civil por daño moral en contra de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Ambos son autores de ‘El gran hermano’, la investigación periodística que expuso ante la opinión pública los contratos de Fabricio Correa -hermano mayor del Primer Mandatario- con el Estado ecuatoriano.
Estos dos periodistas van a tener que acudir a los tribunales por haber recabado documentos públicos, consultado diversas fuentes, contrastado distintas versiones y presentado el resultado de ese trabajo en un libro que se ha convertido en un ‘best-seller’ del mercado local. (Coincidencialmente, la segunda edición de ‘El gran hermano’ se presenta este jueves 24 a las 19:00, en la UNP. La primera edición de 5 000 ejemplares se agotó junto con otra versión pirata que circuló profusamente en Guayaquil, me dijo Xavier Michelena, editor de ese libro.)
La probabilidad de que Calderón y Zurita salgan ilesos del juicio planteado contra ellos es baja, peor ahora que el propio Presidente de la República ha dicho que se dispone a intervenir en el sistema judicial. En vez de buscar sanciones para los responsables de los errores que ‘El gran hermano’ denuncia, Rafael Correa ha decidido arremeter contra dos periodistas profesionales que han cumplido con su obligación de informar al país sobre hechos de interés nacional.
El de Calderón y Zurita es uno más de los 45 casos de ciudadanos que están incursos en procesos judiciales por haber ejercido su libertad de expresión, reporta Fundamedios. Hay, pues, una estrategia deliberada para silenciar y escarmentar voces críticas mediante acciones legales espurias pero potencialmente dañinas para los enjuiciados.
¿Hasta dónde llegará la judicialización del periodismo? Pues hasta donde los miembros de la sociedad civil lo permitan. Muchas personas creen que las libertades de prensa y expresión son asuntos para iniciados; temas que competen a un gremio de especialista y que no tienen incidencia alguna en su vida diaria.
Aquella percepción es errónea. Una sociedad con plenas libertades de prensa y expresión está mejor preparada para resolver problemas de ineficiencia, corrupción o inseguridad, por ejemplo. El caso que presenta ‘El gran hermano’ es una prueba de ello.
El periodismo serio -del tipo que practican Calderón y Zurita- contribuye a mejorar el bienestar de las sociedades ventilando públicamente distorsiones o malos manejos de la cosa pública y promoviendo que se corrijan aquellos errores.
Todos los ciudadanos -relacionados o no con el periodismo- debiéramos alentar y premiar este tipo trabajos de investigación, pues ellos nos permiten entender en qué tipo de sociedad vivimos y qué podemos hacer para mejorarla.