En Venezuela y Ecuador los gobiernos están llevando a situaciones extremas en su afán desesperado de distraer la atención por la grave situación económica a la que le han llevado a los dos países y ponen en riesgo la estabilidad y la paz social interna, afectadas por acciones arbitrarias, prepotentes, intolerantes y contra las libertades y los DD.HH., que desafían a las instituciones y organizaciones sociales.
La mayoría de venezolanos se cansó del fracaso del ¨gobierno revolucionario¨, que le tiene sumido en la peor crisis en todos los órdenes y hoy intenta silenciar por la fuerza y borrar a la oposición elegida por la mayoría de su pueblo, en medio de la actitud cómplice de América Latina, que debiera reaccionar con mayor firmeza.
En Ecuador resulta una aberración que quienes han manejado con indisciplina fiscal los enormes recursos que han recibido, con despilfarro en secretarías del buen vivir y festivales de encebollados, hoy intentan enseñar disciplina a los militares, que por esencia como institución piramidal y jerarquizada es uno de sus principales valores.
Las FF.AA. se deben a la nación y no a un proyecto político y no se asemejan a las politizadas y deterioradas de Venezuela. Sus mandos no pueden agachar la cabeza como han hecho jueces y organismos de control. De por medio está la defensa institucional y cumplir su misión con sujeción al poder civil y fundamentalmente a la Constitución, hoy vulnerada.
Intentan cambiar la estructura salarial que este régimen aceleró con su homologación, mientras los temas de fondo de seguridad y defensa se han visto afectados y amenazados con el aumento del narcotráfico y microtráfico. Las estadísticas de capturas de drogas reflejan su crecimiento paulatino. La capacidad operativa de la institución se ha visto afectada, con pésimos equipos adquiridos en este gobierno, el caso de helicópteros y radares asiáticos que no funcionaron y siguen pendientes, en medio de las vulnerabilidades en la frontera norte.
Cerraron fundaciones basados en el cuestionado decreto 16, que ha atentado contra principios universales de organización social –que promueven la ONU y la OIT- y la Constitución, art. 66, que consagra el derecho a la libre asociación y a manifestarse libre y voluntariamente. Hoy se impulsa el cierre de la UNE con acciones arbitrarias y prepotentes, que antes de llegar al poder reivindicaban como parte de la ¨lucha revolucionaria¨.
Estas acciones contra militares y maestros demuestran las intenciones de provocación y de buscar la reacción cuando se necesita afrontar la crisis económica en paz y sin más confrontación y odio, trabajo y productividad en lugar de desconfianza e incertidumbre, diálogo y respeto antes que imposiciones y arbitrariedades y siguen jugando con fuego irresponsablemente, sin importarles el futuro del país.