Escribientes: persona que tiene por oficio copiar o poner en limpio escritos ajenos. (Diccionario de la Real Academia Española).
¿Por qué la cita?, porque hay fallos y otras providencias en que los firmantes no parece que han actuado como jueces, sino como sólo escribientes, ayudados o no por el uso del pen drive.
De ahí que el desafío de que se vaya a la función judicial, ante cualquier demanda de verdad, más puede profundizar dudas –con matices de intimidación-, antes que rescatar la verdad, porque ésta debe demostrarse aun sin intervención judicial.
Bien hace Wilson Pástor, ante el cuestionamiento de que no es ingeniero ni economista, en aclarar que no es ingeniero, sino egresado de la Escuela de Ingeniería, Minas y Petróleos de la Universidad Central del Ecuador; que no es economista, sino –en sus palabras- que es titulado máster en el Instituto Económico y Jurídico de la Energía, (Grenoble, Francia, Oct. de 1971). O sea él no es ingeniero, ni economista, lo que aparece en la hoja de vida del Ministerio de Recursos no Renovables. Su obligación es ordenar que se corrija la información oficial. Además, cuánto bien le haría a la verdad que exhiba y reproduzca el certificado de egresado de la Universidad Central y el título de la maestría que menciona, no en función de sus críticos, sino de la ciudadanía en general.
El caso de Jorge Glas es diferente. De no anularle el título la Espol, lo cual en las actuales circunstancia es improbable, él seguirá siendo ingeniero, pero toda la fraseología de que solo reprodujo –en copy paste- el marco teórico que se ha tomado de “monografías.com” y del “Rincón del vago”, con gráficos e ilustraciones, sin citar las fuentes, es impropia para un profesional.
La Espol, centro de estudios de calidad, debe las explicaciones que se merece la comunidad académica y profesional, porque todos podemos cometer errores, pero estos deben admitirse y explicarse. De seguro, el abuso del “copy paste” no se ha dado en otras tesis en la Espol.
Lo de Pedro Delgado hay que dividirlo en dos momentos: la falsedad de un título que él habría entregado al Incae, décadas atrás, lo que se conoce por propia confesión de él, delito que estaría prescrito; y la usurpación del título de economista, para poder acreditarse como titulado en tercer nivel de educación superior, requisito esencial para ser Presidente del Directorio del Banco Central, delito que no está prescrito.
Hay de por medio valores éticos e ilícitos, que no deben soslayarse, pero debe complementarse, no sustituirse en el análisis, con lo que ha sido la gestión en la función pública de los actores indicados.
Quedarse en lo de los títulos universitarios sería como solo moverse por las ramas. Grave cuando se ocultan otras cosas.