No solo las instituciones educativas están desbordadas por el aumento de la violencia. También los sistemas de protección y la Fiscalía. Los DECE, que en la mayoría de colegios carecen del número indispensable de psicólogos, hoy no se dan abasto. Directivos y profesores dedicados la mayor parte de tiempo a resolver conflictos, que a temas pedagógicos. Sin embargo, “resolver conflictos” es un decir, ya que buena parte de ellos, por “el nivel de gravedad”, pasan al Sistema de Protección o a la Fiscalía.
Y es que vivimos no solo el incremento de la violencia social producto de la crisis general o del desate emocional y hormonal resultado del retorno a la presencialidad; también se experimenta los efectos de la judicialización de la vida cotidiana y del sistema educativo. Hoy por hoy, por mandato de la ley, todo se denuncia y se judicializa. Y si no denuncias, te vas a la cárcel según el Código Integral Penal:
“Art. 276. La persona que, en razón de profesión, cargo u oficio, en los ámbitos de educación, salud, recreación, religioso, deportivo o cultural, conozca de hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o delitos contra la integridad física, psicológica, sexual y reproductiva o muerte violenta de una persona y no denuncie el hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis meses.”
Entonces la Fiscalía se llena de cientos y miles de casos, unos graves, pero otros no, siendo más bien rencillas menores, malentendidos, que pudieron resolverse con medidas no judiciales en el ámbito familiar o en el escolar. Pero no, por disposición de la ley y por una creciente cultura de la judicialización en las relaciones sociales, se despliegan nuevas formas de violencia, como los casos espantosos en los que se destrozan vidas, como la de un niño que a sus 12 años tiene a sus espaldas un juicio en Fiscalía por acoso sexual, resultado de una denuncia formulada al calor de un mal momento. La judicialización asfixia la educación y expande la violencia.