César Augusto Sosa

Jubilación para todos

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Lunes 14 de enero 2019

Ecuador es el tercer país en América Latina y El Caribe que más subsidia las pensiones por jubilación, lo cual tiene importantes efectos sobre las finanzas públicas, la redistribución de los ingresos y el bienestar de la sociedad.

En promedio, el valor monetario del subsidio es de USD 207 para una persona que ha realizado todas sus cotizaciones a la Seguridad Social, según un estudio de noviembre pasado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ecuador está solo por debajo de Paraguay y México, donde las subvenciones alcanzan USD 213 y 230, respectivamente. Esos montos están ajustados por un indicador denominado paridad de poder de compra, que elimina las distorsiones generadas por los niveles de precios en cada país.

Las pensiones por jubilación son una urgencia para el Gobierno ecuatoriano, pero también para todos los gobiernos de la región, que tienen el reto de proporcionar un consumo digno a los adultos mayores en aquellos años en los que es más difícil generar un ingreso.

En el país está por empezar un diálogo nacional sobre los problemas de la Seguridad Social y eso implica no solo analizar los actuales problemas de baja cobertura y sostenibilidad del IESS. Este año el IESS usará por quinto año consecutivo sus ahorros para pagar pensiones, lo cual lo hace insostenible. Y hasta septiembre del año pasado, apenas el 30% de los empleados estaban afiliados al IESS, mientras que un 57% no tenía ninguna afiliación, es decir, no tendrá una pensión en el futuro.

Por eso, las decisiones que se tomen en el diálogo nacional servirán para armar un contrato social con fuertes implicaciones en la estabilidad fiscal, en la reducción de las diferencias sociales y en el bienestar de las personas en la última etapa de su vida.

Para ese diálogo hay que considerar, además, dos grandes tendencias que pondrán a prueba el diseño de los sistemas de pensiones en la región. La primera tiene que ver el envejecimiento poblacional. América Latina y El Caribe está envejeciendo con rapidez, lo que supone un reto para la sostenibilidad fiscal de los sistemas públicos de pensiones y de salud. Según el BID, la mujer promedio tenía 6,5 hijos en 1950; en el 2050 tendrá 2. Y durante este período, la esperanza de vida crecerá nueve años en la región, hasta 74 años. En conclusión, cada vez habrá menos aportantes para pagar las pensiones de más jubilados.

Y la segunda tendencia tiene que ver con la automatización y robotización, que harán más difícil que una persona trabaje en el mismo empleo de manera interrumpida durante toda su vida. En un futuro, los sistemas de pensiones tendrán que adecuarse a una nueva realidad donde habrá muchos más trabajadores independientes que no dependerán de un ingreso fijo mensual.

Esto obliga a pensar en nuevos productos que incentiven el ahorro, de tal forma que se pueda garantizar una pensión para la mayoría de trabajadores, pues ahora el beneficio llega a una minoría.

casosa@elcomercio.com