Bután es un pequeño estado enclavado en los Himalayas, entre China e India. Por tradición centenaria, es una monarquía hereditaria. En 1995, el Rey, que había estudiado en universidades europeas y conocido así los valores de la democracia, quiso implantar una serie de reformas para cambiar las estructuras feudales. Solicitó entonces la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a fin de iniciar un proceso que convirtiera a Bután en una monarquía parlamentaria democrática. Acepté su pedido y viajé a ese país asiático.
El Rey me ratificó sus deseos de democratizar las instituciones de Bután y me dijo que sus esfuerzos en tal sentido no habían dado buenos resultados. Como ejemplo de sus gestiones fallidas me confió que había sometido al Parlamento un proyecto de ley para suprimir algunas de las facultades tradicionales del Rey, propias de una monarquía absoluta, pero que el Parlamento se había negado a tramitarlo. Entonces -concluyó- “tuve que ordenar al Parlamento que dé paso a la supresión de esas facultades”.
Es digno de análisis este singular episodio. Existe una elocuente paradoja en el hecho de que, para democratizar a su país, el Rey tuvo que “ordenar” al Parlamento que prestara su cooperación.
En el Ecuador, en cambio, el panorama es distinto. Desde su nacimiento, el país resolvióser un estado democrático con un sistema republicano de gobierno. Su azarosa vida política no ha sido fructífera en lo tocante al fortalecimiento de sus instituciones, mientras los populismos y caudillismos han marcado negativamente su historia. Pero sus gobernantes, por regla general, se han proclamado defensores de los valores esenciales de la democracia, entre los que se encuentran la división de poderes y la alternabilidad en el poder.
Pero, mientras el Rey de Bután “ordenó” a su Parlamento eliminar algunas de las facultades reales con el propósito de democratizar a la nación, el presidente Correa ha logrado que la obediente Asamblea, desoyendo la voz del pueblo, consagre un nuevo privilegio presidencial cual es el de asemejarse a las monarquías mediante un sistema de reelecciones sucesivas.
A la gravedad de esta afrenta a los principios democráticos se ha unido, a última hora, una inaceptable burla consistente en decir que lo que se busca mediante la “enmienda” constitucional es reconocer el derecho a la postulación ilimitada, lo que no equivale a la reelección indefinida, ya que tocará siempre al pueblo decidir en las urnas.
Con tal insultante razonamiento bien podría la sumisa Asamblea aprobar una nueva “enmienda” a la Constitución señalando que el Ecuador podrá ser una república o una monarquía y dar inclusive el nombre de su primer monarca, arguyendo que la decisión final quedará siempre en manos del pueblo soberano.