José Ayala Lasso

Renovación del gabinete

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Sábado 08 de diciembre 2018

El Presidente de la República tiene la facultad constitucional de nombrar a su gabinete ministerial. Pero tiene, al mismo tiempo, la obligación, no legalmente escrita, de designar, para tales funciones, a las personas más capaces, experimentadas y honestas.

Si los ministros no satisficieran los requerimientos del buen gobierno, el Presidente tiene también la facultad -y el deber ético- de poner fin a dichas funciones. Para que esta decisión no contraríe el trato considerado con todos, especialmente con quienes ha escogido para que le acompañen en el gobierno, nació una tradición política consistente en la presentación de las renuncias de todo el Gabinete ministerial, generalmente a fines de año, para renovarlo y adaptarlo a las evolutivas condiciones de la política.

Todos presentan su renuncia y el Presidente acepta solo aquellas de quienes, en su fuero interno, cree que debe sustituir. Obviamente, el Presidente, como jefe de su equipo, debe evaluar permanentemente el trabajo de sus colaboradores.

Por otro lado, una sana práctica democrática aconseja fomentar la estabilidad de los ministros, lo que influye en el fortalecimiento de las instituciones, en la credibilidad de las políticas, en la eficacia de los programas y acrecienta la respetabilidad interna y externa del Estado. Los ministros deben ser cambiados solo en casos indispensables, no cuando coyunturas políticas pasajeras así parezcan aconsejarlo.

El Presidente debe saber, en cada minuto, qué ministros están actuando en forma coherente con las políticas establecidas y cuáles deban ceder el paso a otros más capacitados para ello.

No cabe anunciar una oxigenación del Gabinete y conceder a los ministros, “treinta días” para demostrar su eficiencia. Eso no corresponde ni a la seriedad con que el jefe de estado debe vigilar la labor de sus más cercanos colaboradores ni a la dignidad personal de cada uno de ellos. Un ministro que trabaja bien debe saber que su labor es apreciada porque contribuye a la consecución del bien común. Los que no se encuentren a la altura de esas obligaciones elementales de servicio público deben ser reemplazados.

Para que el programa de trabajo de un Presidente pueda ser eficazmente ejecutado, es necesario que cuente con suficiente apoyo institucional. Por ello se explican las alianzas políticas, legítimas tanto en los regímenes presidencialistas como en los parlamentarios, pero más frecuentes en estos últimos. El objetivo de tales alianzas, que deberá siempre estar en función de los intereses de la colectividad, es finalmente lo que las legitima y justifica.

Al Ecuador le conviene propiciar la estabilidad constitucional del Presidente y de sus ministros, lo que obliga al pueblo a escoger bien a su primer mandatario y a éste a escoger bien a su Gabinete.