Cualquiera podía figurarse que cuando oyó decir que nuestro país era una isla de paz, tal portento era el resultado de que se vivía bajo el imperio de la ley y la justicia, producto a su vez de la sabiduría de gobernantes y gobernados que habían llegado al punto de asumir como indiscutible que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz’. Lo de isla de paz era lo menos que le correspondía a nuestro desventurado país.
Y desde siempre. Desde el momento mismo en que las sociedades en formación fueron la suma de vencedores y vencidos. Así comenzó el infierno en la región andina. Por subversivo el Dr. Espejo estuvo en prisión hasta convertirlo en pocos meses en una piltrafa humana. A los campesinos que se rebelaban ante el trato de esclavos que se les daba en las inmensas haciendas que producía cacao fino se les hacía desaparecer en la ‘lagarteras’. Cientos de obreros fueron masacrados y echados a la ría Guayas por las Fuerzas del Orden, cuando la huelga de los harineros. ‘Por atentar contra la seguridad del Estado’, un campesino azuayo que exigía una escuela para su pueblo y que al no lograrlo lo declaró independiente, por órdenes superiores los soldados le rompieron a culatazos los huesos de brazos y piernas (yo le conocí como un guiñapo que se arrastraba por los rumbos de Santa Isabel). En Tungurahua, al líder campesino que se atrevió a utilizar las aguas del río Pachanlica a donde llegaban las que no eran utilizadas de la acequia de los Tinajero, ‘por atentar contra la propiedad privada’ las Fuerzas del Orden le descuartizaron. Ayer nomás personajes conspicuos de la política ecuatoriana se empeñaron a fondo en mantener bajo su control las Salas de lo Penal de las Cortes de Justicia, con lo cual llegaban a la impunidad a más de que producían terror en sus opositores con los juicios penales que les instauraban.
Y así, ¿una isla de paz?, ¿una añorada isla de paz? Qué de extraño resulta, qué de inexplicable, que en todos los tiempos la historia nacional haya registrado movimientos subversivos que no pretendían otra cosa sino que los derechos básicos del hombre y del ciudadano no fueran conculcados.
La conciencia nacional ha quedado estupefacta. Ahora resulta que la Comisión de la Verdad, integrada por ciudadanos impolutos como Mons. Luna Tobar, informa al país que en los últimos 25 años 456 compatriotas han sido víctimas de violaciones a los Derechos Humanos por organismos del Estado. Sufrieron torturas, desapariciones, ejecuciones: delitos calificados de lesa humanidad. A los presuntos responsables se los cita con nombres y apellidos y cargos que desempeñaban. Los documentos de respaldo pasarán a manos de quienes están en la obligación de hacer justicia. ¡Qué se vea! La opinión pública no puede aceptar que como siempre del escándalo se pase a la desmemoria y la impunidad.